logos Unidad de Investigación Periodística y Politecnico Grancolombiano

La Fiscalía sigue favoreciendo la impunidad del uribismo


Las recientes actuaciones y decisiones judiciales de la Fiscalía General de la Nación siguen poniendo en entredicho la independencia y autonomía de este organismo frente al gobierno Duque con el fin de mantener en la impunidad graves conductas delictivas que involucran al jefe máximo del partido de gobierno, el ex senador y ex presidente Álvaro Uribe y su círculo más cercano.

En primer lugar, y convenientemente, el pasado 7 de julio se reveló que la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que se adelantaba en contra de David Zuluaga, hijo y gerente de campaña de Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial por el Centro Democrático en 2014. David Zuluaga habría estado vinculado con Andrés Fernando Sepúlveda, conocido como “El Hacker”, condenado en abril de 2015 por ventilar información reservada de las negociaciones entre el gobierno Santos y las extintas Farc-EP. Sepúlveda reveló que, el excandidato presidencial y su hijo, le entregaron dinero para adelantar una estrategia de desprestigio en contra del candidato y luego presidente Juan Manuel Santos.

En su decisión, la Fiscalía señala que no cuenta con ninguna prueba en contra de David Zuluaga, ni siquiera con el testimonio de Andrés Sepúlveda, quien se ha negado a dar su testimonio en este caso. Además, pese a que los hechos ocurrieron en 2014 sólo hasta 2015 David Zuluaga fue llamado a interrogatorio y desde entonces no ha habido ningún avance en la investigación. Después de casi siete años la Fiscalía decidió el archivo de la investigación justo cuando vuelve a sonar la candidatura a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga. Esta decisión, resulta altamente conveniente para evitar cualquier controversia que pueda afectar al partido de gobierno y sus aspiraciones electorales.

En el mismo sentido, se produjo la decisión de absolución de Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, el exsecretario jurídico y el exjefe de prensa, respectivamente, de la Casa de Nariño, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. En el 2007, ambos funcionarios estuvieron implicados en el desarrollo de una estrategia de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, que investigaba la “parapolítica”, por lo cual, habían actuado en coparticipación criminal con funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, para interceptar ilegalmente las comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En esta decisión del pasado 12 de julio, proferida en primera instancia por un juez penal de Bogotá, se señaló que la Fiscalía no logró demostrar que Castillo y Velásquez hubiesen participado en dicha estrategia de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia. El juez también determinó que la Fiscalía se limitó a realizar una extensa descripción de los hechos del caso conocido como las “Chuzadas del DAS”, sin demostrar la participación y la responsabilidad que tendrían Castillo y Velásquez en ello.

No resulta extraña la cuestionable labor de la Fiscalía en este proceso, pues en otros escenarios relacionados con el caso, se mantuvo inerte buscando mantener la impunidad en este caso, en particular en lo relacionado con la responsabilidad del expresidente Uribe. Fue así como prescribieron los procesos adelantados contra Sergio Augusto González Mejía, abogado defensor del paramilitar José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”, y Diego Álvarez Betancourt, defensor del paramilitar Sergio Antonio López alias “Job”.

Otro tanto se podría señalar en el caso contra Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el fiscal sigue actuando como defensor del expresidente descartando la solidez de los testigos de cargo, y a cambio, ordenando que sean investigados. En su intervención, el fiscal omite pruebas importantes que dieron lugar a la pasada privación de la libertad y a la imputación que hoy pesa en contra del exsenador Uribe.

Todas estas actuaciones tienen como escenario la próxima contienda electoral de 2022, cuando el partido de gobierno y todos sus aliados políticos pretenden posicionarse y perpetuarse en el poder, buscando con ello la consolidación de un proyecto que anula por completo la democracia, la justicia y todo límite que le pueda ser impuesto o pueda oponerse a sus intereses.

Desde la campaña por la independencia judicial #NadieporEncimaDeLaJusticia insistimos en el llamado que la justicia, en todo momento y ante cualquier sujeto, debe actuar de forma independiente e imparcial. ¿Cómo es posible esto en la Fiscalía si, en la práctica, construye un relato parcial que no apunta a la atribución de responsabilidades penales de quienes ostentan el poder? ¿Qué pasa si no permite que los máximos responsables de estas conductas sean llevados a juicio y decide -arbitrariamente- archivar las investigaciones penales o desestimar pruebas?

La Fiscalía debe actuar conforme a la Constitución y la Ley. Cada vez es más evidente el efecto que ha tenido su cooptación y la consolidación como un órgano político más, lejano y opuesto a la administración de justicia. Recordamos que, en un Estado Social y Democrático de Derecho, nadie puede ni debe estar por encima de la justicia.

Suscriben, Plataformas de Derechos Humanos






logos Unidad de Investigación Periodística y Politecnico Grancolombiano

Abril de 2021, © Todos los derechos reservados