30 de noviembre de 2020
Hace un poco más de 36 años llegó Fanny González Franco a la Corte Suprema de Justicia, la primera mujer que en su historia se posicionaría como magistrada, y luego ella misma sería una de las víctimas del Holocausto del Palacio lo ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Pasaron más de 10 años para que una mujer volviera a ocupar este importante cargo, esta vez en la Corte Constitucional, cuando llegó Clara Inés Vargas.
Al día de hoy, sigue siendo una deuda la elección de más mujeres para que ocupen altos cargos en la administración de justicia, a pesar de que han transcurrido ya 20 años de la Ley de Cuotas, 581 de 2000, y de importantes avances a nivel legislativo y jurisprudencial que incluso han llevado a la adopción de enfoques de género en diferentes entidades, que buscan superar un sistema judicial patriarcal permisivo de todo tipo de violencias, a la par de acabar con la exclusión de las mujeres en espacios directivos o de toma de decisiones.
Las cifras actuales de participación de las mujeres en la magistratura indican que en la Corte Suprema de Justicia, de 41 magistrados y magistradas de las Salas de Casación Civil y Agraria, Penal y Laboral, Sala Especial de Instrucción, Sala de Primera Instancia y Sala de Descongestión Laboral, sólo siete son mujeres, es decir, el 30%; en la Corte Constitucional, el 33% (tres de nueve), en el Consejo de Estado, el 22,5% (siete de 31), en el Consejo Superior de la Judicatura, el 50% (tres de seis) y en la JEP, 20 de 38, es decir el 52.6% de integrantes de las Salas y Tribunal para la Paz, son mujeres.
A pesar de los avances en algunas de estas corporaciones, la paridad aún está lejos. A esto se suma la grave problemática de acoso sexual, laboral y demás violencias que quedaron en evidencia en el informe Las capas del techo de cristal: equidad de género en la Corte Constitucional divulgado recientemente. Es paradigmático de lo que puede ocurrir en otras esferas que ni siquiera una Corte destacada como garantista y protectora de los derechos de las mujeres esté exenta de estas prácticas.
Desde otra orilla, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tuvo lugar la presentación del preocupante informe denominado “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual”, el séptimo que realizan en 12 años las organizaciones defensoras de derechos humanos que integran la Mesa de Seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, de la Corte Constitucional, resoluciones que se desprenden de la Sentencia T-025 de 2004 que declaró el Estado de cosas inconstitucional en relación con el desplazamiento forzado, y que se centran en la violencia sexual contra las mujeres en este contexto.
Transcurridos 12 años desde el primer Auto de la Corte, el 092, y con 627 casos remitidos a la Fiscalía General de la Nación, sólo hay 16 condenas por estos hechos. Adicionalmente, la Fiscalía no cuenta con información consistente sobre el Estado de los casos, la JEP no ha priorizado su investigación ni definido una metodología para abordarla, y las víctimas no sólo siguen sin justicia sino sin protección con enfoque diferencial, reparación integral y atención integral en salud, como lo ordenó la Corte.
Desde la Campaña por la Independencia de la Justicia hacemos un llamado a seguir elevando el debate sobre la incorporación de la perspectiva de género, la garantía y el respeto por los derechos de las mujeres en la administración de justicia. En lo inmediato, la futura elección en la Corte Constitucional puede ser una oportunidad para avanzar en la paridad en las Altas Cortes, basada en el mérito y no en los amiguismos.
De igual manera, y en relación con el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, hacemos eco de las peticiones elevadas en el citado informe, en particular la que reitera que el Consejo Superior de la Judicatura incluya dentro de la formación de nuevos funcionarios el enfoque de género y atención a víctimas de violencia sexual, en el marco de las órdenes de la Corte Constitucional ya referidas.
Además de imparcial, independiente y autónoma, la justicia debe contribuir a superar las discriminaciones históricas vividas por las mujeres, tanto en la garantía del derecho de todas a acceder a ella como en seguir avanzando en la paridad en la conformación de las altas cortes. “Hasta que seamos nueve” (de nueve), como la jueza Ruth Bader Ginsburg afirmó en su momento.
Abril de 2021, © Todos los derechos reservados