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Rechazamos los ataques contra funcionarios judiciales en el Catatumbo: Justicia para la justicia


La violencia y la ocupación de los grupos armados en los once municipios que integran la región del Catatumbo en Norte de Santander ha sido histórica y ejemplifica la situación que viven cientos de funcionarias y funcionarias en distintas regiones del país, y aunque la firma del Acuerdo Final para la Paz en el 2016 tuvo un efecto inicial muy positivo, la guerra en está zona del país no ha cesado.

El Catatumbo es una de las 16 subregiones priorizadas con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que han padecido las debilidades de implementación y el desinterés estatal, creando una oportunidad para que bandas criminales con tendencias paramilitares, narcoterroristas y modelos de economías ilegales fortalecieran sus estructuras, generando un nuevo conflicto más violento con graves consecuencias sociales, principalmente para jóvenes y mujeres, lo que se refleja en el incremento de feminicidios.

Como lo registra el informe “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia” de Human Right Watch (2019), la precaria implementación de los acuerdos de paz y la ausencia estatal en la zona, permitieron que grupos armados presentes incrementaran su control territorial, el número de personas en sus filas y mayores ingresos por actividades delictivas.

En este contexto han sido recurrentes los hechos violentos contra el sector judicial, particularmente, en el municipio de Tibú, que el pasado 9 de junio de 2021 fue el escenario del asesinato de la Fiscal Especializada Esperanza Navas y el desplazamiento de otros cuatro funcionarios judiciales a la ciudad de Cucutá. A raíz de estos hechos, la Fiscalía de Tibú está cerrada, el Fiscal y los asistentes que están desarrollan labores remotas y virtuales denuncian que muchos de los casos están próximos al vencimiento de términos y no cuentan con los procesos físicos (carpetas) para avanzar en las investigaciones y cumplir con las acciones legales, además de que los han vinculado a otras tareas de apoyo en la ciudad de Cúcuta mientras el trabajo y compromisos del despacho de Tibú están casi detenido.

Estos ataques a funcionarios y funcionarias judiciales también han sido documentados por el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos -FASOL- que desde 1989 hasta la fecha ha registrado 65 acciones violentas. De ellas 28 son homicidios, 11 amenazas, 13 atentados, una desaparición, tres exilios, cuatro desplazamientos, una judicialización y cuatro heridos. De los 28 homicidios, 22 de han tenido como víctimas a funcionarios de la Fiscalía General, mientras que los seis restantes corresponden al homicidio de una magistrada, dos jueces, dos secretarios y un citador. El 25% de estos homicidios ocurrieron precisamente en el municipio de Tibú. Aquí puede consultar el informe completo

A esta grave situación se suma la deficiente cobertura judicial en el departamento que únicamente cuenta con un total de 1.055 funcionarios y funcionarias judiciales, de los cuales tan solo 360 se encuentran en municipios distintos a Cúcuta y, principalmente, se concentran en mayor medida en el municipio de Ocaña. De ahí que en municipios como Tibú, cuya población es de 36.708 personas, se cuente con un despacho que únicamente se integra por cuatro funcionarios.

En Convención, el despacho cuenta con tres funcionarios, pese a que la población es de 13.216 personas. En Ocaña la situación parece mejorar en cierta medida, pues en este está presente un tribunal y cinco despachos con un total de 69 funcionarios, y la población es de 98.992 personas.

En una zona históricamente afectada por la violencia que atraviesa por completo todas las dinámicas sociales, la justicia también se ataca al ser un pilar fundamental que busca la superación de la impunidad, la verdad y de las lógicas que trae consigo el conflicto armado. Así, el actuar de los actores armados se ha intensificado por la ausencia de medidas estatales que tiendan a la protección de funcionarios y funcionarias judiciales, y de la población en sí misma.

Desde la Campaña por la Independencia de la Justicia responsabilizamos al gobierno del presidente Iván Duque por la desprotección en que se encuentran funcionarias y funcionarios judiciales. Exigimos una investigación pronta del caso de la Fiscal de Tibú Esperanza Navas, así como medidas urgentes de protección de los servidores judiciales, que partan de estudios de riesgo a quienes se encuentran adelantando sus funciones en el territorio, como es el caso de los cuatro funcionarios desplazados. Los ataques contra jueces y fiscales en cumplimiento de su labor agravan la situación de vulneración de derechos humanos en las zonas donde persisten conflictos armados y obstaculizan el acceso a la justicia del conjunto de la población.

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

Suscriben, Plataformas de Derechos Humanos


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