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Rechazamos los ataques contra funcionarios judiciales en el Catatumbo: Justicia para la justicia


19 de octubre de 2021

Hace algunas semanas la opinión pública y la sociedad colombiana conocieron uno de los mayores escándalos de corrupción en lo que va de este 2021: las irregularidades que rodearon la licitación del billonario contrato que tenía como finalidad llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país con 7.277 centros digitales, en el que se entregaron 70 mil millones de pesos como anticipo, y que involucra directamente a la exministra de las TIC, Karen Abudinen y a la Unión Temporal Centros Poblados que está integrada por una de las empresas de Emilio Tapia Aldana, contratista implicado y condenado con ocasión al escándalo conocido como el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

Karen Abudinen presentó su renuncia el pasado 9 de septiembre, cuando estaba siendo objeto de una justa moción de censura en el Congreso que agitó fuertemente a sectores afines al partido de gobierno, y aún así busca que se la reconozca como víctima en algunos de los procesos que ya se adelantan contra personas que estarían involucradas en este caso. Tan solo unos días después, el 15 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia interpuesta por el presidente de la Veeduría a la Rama Judicial en Cartagena, quien pidió que se investigue a la exministra por lo ocurrido.

La Fiscalía designó a Gabriel Ramón Jaimes Durán como encargado de investigar los hechos denunciados. Jaimes es el jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y actúa también desde hace más de un año como fiscal en el proceso penal que se adelanta contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, caso en el cual solicitó la preclusión de la investigación penal, asumiendo una postura propia de la defensa del imputado y haciendo equipo con esta. Una demostración de la falta de autonomía de la institución que actualmente encabeza Francisco Barbosa, su superior, y aliado clave del gobierno de Iván Duque.

Además de liderar la solicitud de preclusión en contra de las conclusiones de la Corte Suprema de Justicia que imputó al exsenador en un riguroso y detallado escrito -algunos de cuyos elementos han sido presentados en audiencia por la representación de las víctimas- el fiscal Jaimes ha desconocido reiteradamente los derechos estas últimas al impedirles acceder a diversos testimonios y demás pruebas, en contra del debido proceso y el derecho a la administración de justicia, tal como lo afirmó el Tribunal Superior de Bogotá en el pasado mes de marzo tras una tutela interpuesta por el senador Iván Cepeda, víctima en este proceso.

También ha omitido y ha tergiversado los principales elementos probatorios que había recaudado la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La actuación de Gabriel Ramón Jaimes se asemeja a aquella que tuvo durante su recorrido por la Procuraduría General de la Nación como comisionado de la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, pues en este escenario fue uno de los encargados de enterrar toda investigación disciplinaria contra el uribismo, como es el caso de aquellas que nunca se iniciaron en contra de los hoy condenados exfuncionarios de la Casa de Nariño: César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo por el escándalo del extinto DAS.

¿Es Gabriel Ramón Jaimes el fiscal que garantizará la celeridad y transparencia en la investigación contra la exministra de las TIC? O, por el contrario, actuará en favor de la impunidad de esta funcionaria que causó un enorme detrimento en los recursos públicos y afectó el derecho a la inclusión digital de niños, niñas y jóvenes en las zonas rurales de Colombia. El interrogante es del todo válido.

Pero más allá de las dudas que se ciernen sobre el fiscal Jaimes, el caso de Karen Abudinen refleja ya un modus operandi de dirigentes políticos y funcionarios del actual partido de gobierno que han tomado el camino de la renuncia a su fuero como forma de evadir la competencia de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, descansando en los amigables brazos de la Fiscalía del gobierno. Esta estrategia del expresidente y exsenador Uribe ha sido replicada por congresistas como Richard Aguilar de Cambio Radical, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, Eduardo Pulgar, José Caicedo Sastoque del Partido de la U, y ahora por la exministra.

Desde la Campaña por la Independencia judicial #NadiePorEncimaDeLaJusticia hemos realizado reiterados llamados a la Fiscalía General de la Nación para que corrija su rumbo, influenciado y delimitado por la agenda política del gobierno y su partido, el Centro Democrático. Es ineludible la discusión sobre las designaciones de fiscales que deben encargarse de investigar a quienes se encuentran en el poder, o son cercanos a este, así como cualquier estrategia al interior de la Fiscalía General de la Nación que busque impedir que el ejercicio de la acción penal se pueda llevar a cabo de forma autónoma, acorde a la Constitución y a la ley.

Con similar preocupación a lo que ocurre con la Fiscalía, hacemos un llamado a que la Procuraduría General de la Nación avance con autonomía e independencia en la investigación disciplinaria formal que se adelanta contra la exministra Karen Abudinen. Recordamos que este órgano de control debe velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, así como investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios públicos que se aparten de sus deberes.

Nuevamente esta campaña rechaza cualquier expresión de poder que tenga como fin anular a la justicia, amedrentarla o someterla a intereses políticos, en favor de la impunidad y la corrupción, y en contra de la justicia social, los derechos y libertades de las mayorías.

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

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