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Comunicado situación JEP

Comunicado situación JEP

BOGOTÁ - MAYO 2018
 
La apertura al público el pasado jueves 15 de marzo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), constituye un hecho histórico para la sociedad colombiana. A pesar de las dificultades políticas y de los desafíos a nivel territorial, legislativo e institucional de la implementación del Acuerdo de Paz, y en especial, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR) es un gran avance que el componente de justicia de este sistema se encuentre en funcionamiento y con sus puertas abiertas al público.

Para el funcionamiento e implementación de la JEP y otros componentes del Acuerdo de Paz fue creado el Fondo Colombia en Paz (decreto 891 del 27 de abril de 2017), el cual estaría a cargo de administrar y canalizar los recursos de Estados y Agencias de Cooperación para los propósitos anteriores. En efecto, gran parte del funcionamiento de la JEP durante el año 2017 proviene del Fondo Multidonante de las Naciones, éste hace parte del Fondo Colombia en Paz y es administrado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM). Este proyecto tenía tres objetivos específicos: el diseño y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y la JEP, diseño del sistema de la información de la JEP; finalmente, apoyo a la participación de víctimas en los diferentes órganos de la JEP, así como la interlocución con estas y sus organizaciones.

Una vez fue nombrada Patricia Linares presidenta de la JEP y los demás magistrados/as de las diferentes salas, inició una discusión al interior del sistema de justicia respecto del mecanismo de gobierno que tendría este sistema, ya que según Néstor Raúl Correa (Secretario Ejecutivo), éstos pretendían retirarle funciones a la secretaría ejecutiva que habían quedado en el Acto legislativo 01/2017 y en la ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP y que estas reposarían en ciertos magistrados. Lo cual conllevó a generar tensiones entre el secretario ejecutivo y la presidenta. Adicionalmente, se presentó un llamado por parte de la Contraloría General de la Republica a la Secretaría para la presentación de un informe de rendición de cuentas sobre los dineros ejecutados del Fondo Multidonante, informe que no satisfizo los estándares de rendición de cuentas de la Contraloría, y que según Correa éste debería ser presentado a fondo por parte de la Dra. Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz.

El pasado mes de marzo el secretario presentó su renuncia, la cual fue aceptada el 12 de abril por el tribunal. Según declaraciones del señor Néstor Raúl Correa su función ya había culminado logrando poner en funcionamiento gran parte de la JEP: se había logrado la consecución de la sede donde funcionaria este sistema de justicia, la contratación de personal, la seguridad para los magistrados/as y la logística para su apertura y se habían ejecutado con total transparencia los recursos destinados por el Fondo Multidonante para la implementación de la JEP.

Posteriormente a la renuncia del secretario, se comenzaron a develar una serie de irregularidades cometidas por el señor Correa durante su administración por parte de la presidenta de la JEP. Por medio de un comunicado institucional se estableció que el señor Correa se encontraba presionando a los magistrados/as para que adoptarán su modelo de gobierno y no el que pretendían los recientes magistrados. Inclusive el señor Correa los amenazó con dar a conocer la opinión pública una serie de correos que habían cruzado con el Ministro de Justicia y el Derecho donde exponían una serie de conceptos jurídicos acerca del sistema de gobierno de esta jurisdicción, correos que según Patricia Linares fueron obtenidos de manera ilegal. Ya que, según él, poner los conceptos de los magistrados en conocimiento del gobierno era irregular.

Adicionalmente, el comunicado de la presidenta del tribunal realiza una fuerte crítica respecto de la ejecución de los recursos en la administración del señor Correa, ya que hasta la fecha no se cuenta aún con la logística adecuada para que los magistrados/as comiencen su trabajo, la contratación de personal adicional al que estaba establecido (se debían contratar 100 personas y se contrataron 163), la falta de sistemas de seguridad y protección para los magistrados/as. La secretaría tampoco avanzo en el sistema de representación legal de las víctimas, sistema de apoyo psicosocial para las víctimas, sistema de monitoreo y vigilancia de personas beneficiadas con libertad condicional y el sistema autónomo de defensa de los excombatientes de las FARC.

Por esta razón, observamos con amplia preocupación que estas declaraciones trascienden más allá que una diferencia de criterios sobre el mecanismo de gobierno de la JEP, son hechos que deben ser investigados disciplinaria y penalmente. Como en diferentes informes la Corporación ha insistido que la JEP debe tomar todas las medidas necesarias para no adolecer de las mismas vicisitudes de las cuales padece la Jurisdicción Ordinaria. No es conveniente que la JEP se torne en un escenario político donde se entren a dirimir conflictos y generar acusaciones por medio de la opinión publica respecto del mandato y función de cada uno de los órganos que compone este sistema de justicia, más aún cuando las víctimas que son la columna vertebral del Acuerdo.

Desde la Corporación instamos a la Jurisdicción Especial de Paz para que continúe fortaleciendo su sistema de rendición de cuentas, en donde establezcan los recursos que se han invertido en esta Jurisdicción, la planta de personal que labora allí, los casos que ingresan y su ruta dentro de la jurisdicción. Este deber de la judicatura es fundamental como una práctica de transparencia respecto de su quehacer en el ejercicio de la función pública deadministrar justicia, así como una forma de evidenciar los resutados hacia la sociedad. Por otro lado, es pertinente que la ciudadania exija y monitoreé el comportamiento de los funcionarios y organismos públicos para garantizar que se respete la ley.

Respecto de la interceptación de correos por parte del señor Correa, sí la presidenta del tribunal sustenta que fueron obtenidos de forma ilegal es imperioso que presente la denuncia respecto de este hecho con todo el material probatorio que la sustente con el fin de que no quede un manto de sospecha entre la sociedad y las vícitmas. Consideramos que estos hechos afectan la legitimidad de la JEP, así como su confianza por parte de la ciudadanía y las víctimas que esperan que este tribunal garantice sus derechos a la verdad y la justicia y no se quede en pugnas políticas que en nada contribuyen a zanjar las heridas que ha dejado el conflicto armado. Por lo tanto, es imperioso que estos hechos se aclaren de la forma mas transparente posible por medio de los canales judiciales e institucionales pertinentes para levantar cualquier duda sobre el funcionamiento de la JEP y las demás instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición.

A pesar de esta situación creemos en la importancia de seguir trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil y las Agencias de Cooperación en el fortalecimiento de la legitimidad de la JEP, para que obtenga la confianza suficiente por parte de la ciudadanía y las víctimas de que será un tribunal que contribuirá a cerrar las heridas dejadas por este largo conflicto armado y aportará para la consecución de una paz estable y duradera.

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Informe a Naciones Unidas

Informe a Naciones Unidas

Les compartimos el informe presentado por Fasol ante el Relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, en el cual se expone la grave situación de riesgo y de falta de independencia a la cual se encuentran sometidos los operadores de justicia y la necesidad de implementar rutas y políticas que se encarguen de velar por su  vida, su integridad y protección, especialmente en el escenario actual de posacuerdo.

Igualmente se realizó la denuncia de algunos casos en donde se ha visto gravemente afectada la independencia judicial y la vida de los operadores de justicia por parte de actores  del crimen organizado.

Para ver o descargar el documento, hacer clic aquí.

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Comunicado de prensa | Encuentro Fasol y ASFC

Comunicado de prensa | Encuentro Fasol y ASFC

Bogotá, 23 de febrero de 2017

DESAFÍOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL ESCENARIO DEL POS-CONFLICTO
El próximo 24 de febrero de 2017 el fondo de solidaridad con los jueces colombianos (FASOL), junto con Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), convocará a miembros de la Rama Judicial colombiana y a familias de funcionarios asesinados en el marco del conflicto armado a un encuentro destinado a analizar y reflexionar sobre la situación actual de la administración de justicia y aportar herramientas que contribuyan a la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.

Para asegurar una muestra representativa de miembros de la Rama Judicial, se seleccionarán de 15 a 20 personas, cada una representante de una jurisdicción específica, en la medida de lo posible incluyendo representantes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Tribunal Superior de Bogotá, Tribunal de Justicia y paz, de restitución de tierras, jueces que conocen asuntos penales y la Fiscalía. Además serán convocados familiares y/o víctimas de funcionarios afectados por el conflicto. La selección de las jurisdicciones enunciadas se basó en dos criterios: i) actores claves en la lucha contra la impunidad y ii) despachos que conocen casos que podrán ser trasladados a la justicia especial o tienen una relación estrecha con los nuevos mecanismos de justicia transicional.

En el primer panel, víctimas destinatarias de la corporación presentarán un análisis acerca de cuáles son las principales causas de impunidad que aquejan a la administración de justicia y los principales obstáculos y barreras que han encontrado a la hora de acceder a la justicia, de acuerdo a su experiencia como titulares a los derechos a la justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición.

En el segundo panel, se articularán FASOL y ASFC para presentar un análisis acerca de la situación actual de la justicia, partiendo de las observaciones del diagnóstico sobre los problemas estructurales de la justicia realizadas o en el marco del proyecto Observatorios regionales para la protección y prevención de la justicia contenidas en el y el informe de las conclusiones parciales sobre el estado de la justicia en las regiones. Conjuntamente ASFC presentará el informe “Estudio de casos a luz de principio de complementariedad del Estatuto de Roma. Mecanismos de impunidad en la justicia colombiana.

Se llevará a cabo el 24 de febrero de 2017 en el Complejo Judicial de Paloquemao - Sala de jueces - Bloque C - Piso 5, la jornada es de 8:00 A.M a 4:00 P.M.

Para más información escribir al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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En Colombia la justicia está en peligro

En Colombia la justicia está en peligro

Investigaciones a costa de la propia vida y la familia

18.11.2016

Por Anne Schneiderhan

Lejos de los tratados de paz en la Habana, jueces y fiscales colombianos arriesgan con su trabajo sus vidas y las de sus familiares. Anne Schneiderhan visitó la organización humanitaria que se encarga de estos juristas.

El Presidente Juan Manuel Santos recibirá el Premio Nobel de la Paz de este año por sus esfuerzos por conseguir la paz en Colombia. Pese a que a comienzos de octubre del 2016 el Tratado de Paz con el grupo guerrillero las FARC fue rechazado por la población con una ligera mayoría, las negociaciones no se cesarán. Aún hay esperanza de que llegue el fin de una guerra civil prolongada por más de 50 años. El cierre de paz entre el gobierno y las FARC es el paso correcto y además importante.

Sin embargo, indiscutiblemente no es la solución perfecta para los problemas del país. Los jueces y los fiscales se ven obligados a enfrentarse con frecuencia en su labor cotidiana contra la corrupción, la intimidación y las amenazas. Sobre todo en el campo, la justicia se encuentra sin protección y a la merced de las maquinaciones de bandas criminales.

En el año 2015 hubo un total de 65 actos registrados de violencia dirigida directamente a jueces o a fiscales. La organización no gubernamental FASOL (Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos) es la única organización que se encarga de manera deliberada de las víctimas de esta violencia que va en contra de la justicia. Durante mi visita en las oficinas en el centro de la capital, Bogotá, fui cordialmente recibida por el director Carlos Ojeda. Él y Julián Salazar, el consejero jurídico, me explicaron la historia de la ONG, así como los problemas ante los que se están enfrentando en la actualidad. En particular, la trágica historia de una fiscal del departamento del Valle del Cauca fue impresionante.

Frecuentes asesinatos por bandas criminales

La fiscal, que por motivos de seguridad debe permanecer anónima, entabló investigaciones contra 30 miembros de una banda armada que eran conocida por pertenecer al Clan Úsuga; muy presente y temido en toda Colombia. Gracias a los esfuerzos de La fiscal, ocho personas fueron detenidas. Al principio fue celebrada por sus superiores como una indagadora ejemplar. Pero cuando ella recibió amenazas de muerte en contra de sí misma y de su familia, y por consiguiente pidió protección personal a las autoridades competentes, la gente comenzó a distanciarse pronto de ella.

Aún antes de que la solicitud de protección personal fuese tramitada, los criminales ya habían matado a tiros a dos de sus hermanos. Poco después su madre apenas se salvó de otro intento de asesinato. La fiscal y 15 de sus parientes tuvieron que abandonar su pueblo por miedo a perder sus vidas. Desde hace tres años viven en clandestinidad, desplazados de su hogar y aún siguen siendo amenazados. Apenas hace pocos meses dos miembros de su familia regresaron cerca a su pueblo natal. Solo por un golpe de suerte se pudo prevenir que los asesinaran.

A la vehemente fiscal le afecta muy duro el que no pueda continuar ejerciendo su carrera y sufre de una depresión severa. No recibe apoyo alguno por parte del estado. FASOL es el único lugar de donde ella recibe ayuda alguna. Ahora todos están a la espera de que ella y su familia reciban asilo político en el exterior, siendo esto su único escape por el momento. 

“La forma de la violencia a evolucionado”

Esta historia no es un caso particular. FASOL asiste, entre otros, a un juez que tuvo que desaparecer por recibir amenazas de muerte. Bien es verdad que los asesinatos en contra de jueces y fiscales disminuyó en los últimos años. Entre 1989 y 2013 hubo un total de 300 asesinatos, pero en el 2014 fueron aún unos siete y en el 2015 solo uno. Por el contrario, las amenazas de violencia aumentaron drásticamente.

“La forma de violencia a evolucionado”, explica Ojeda y expone, casi sínico: “antes, un juez era asesinado de una y el asunto quedaba concluido. Ahora se les amenaza con que le va a pasar algo malo a sus familiares”. En las estadísticas solo aparecen las muertes de los mismos funcionarios públicos. Las amenazas contra los parientes es, sin embargo, un medio efectivo para intimidar a la justicia.

Además, esta clase de amenaza es más difícil de restringir. Está dirigida a un circulo de personas más grande y es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona en mira, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.

La protección por parte del estado no es suficiente – o ni siquiera efectiva

El Estado, como empleador casi ni ofrece ayuda en esta clase de casos. Lo único que puede hacer un juez o un fiscal que recibe amenazas de muerte, es hacer una petición para recibir protección personal. Sin embargo, según Ojeda, el trámite de estas solicitudes tarda unas dos semanas. Muy largo tiempo si se encuentra bajo una amenaza inminente.

Encima de todo, a menudo los recursos solo alcanzan para medidas insuficientes de protección. Por ejemplo, un grupo de cinco jueces de un área rural recibió sólo un vehículo con vidrios blindados. No fueron protegidos en sus viviendas. Un pariente de uno de los jueces fue asesinado en su propio hogar. Así mismo, el proceso de aprobación es confuso y no verificable por personas ajenas al asunto. De esta manera, los funcionarios públicos son totalmente dependientes de la voluntad de las autoridades competentes.

FASOL ofrece apoyo durante este proceso, pero a su vez tiene a menudo las manos atadas. Si el desaparecer es la única salida, la organización ayuda con el traslado. Además ellos ofrecen apoyo financiero para las familias de las víctimas.

Más que sólo una ayuda financiera

Esta fue la preocupación principal de la organización en su inauguración en el año 1992. Sobre todo, los niños de los jueces asesinados deben tener la oportunidad de recibir una buena educación y en lo posible estudiar en una universidad. Cuando se comprobó que las víctimas y sus familiares estaban con frecuencia severamente traumatizados por estas experiencias, se amplió la oferta de una asistencia psicológica.

Hoy en día FASOL ofrece además de apoyo material, asesoría jurídica y ayuda concreta, ya sea con la solicitud de protección personal o con los trámites de asilo. En el futuro se fijará el foco en las medidas preventivas. Se debe concientizar a los jueces y a los fiscales de los peligros, sobre todo a quienes se encuentran en las regiones afectadas. Además se les debe informar de las ofertas de ayuda ya existentes.

El deseo de Carlos Ojeda es que algún día FASOL ya no tenga que dar más de sí. Pero él suena más triste que optimista. Él no cree que la situación llegue a cambiar con el cierre del Tratado de Paz, ya que tanto en este tratado, como en los diálogos políticos actuales no se discuten los graves problemas de la justicia. A lo mejor esto cambie cuando las negociaciones de paz culminen. 

Esta historia no es un caso particular. FASOL asiste, entre otros, a un juez que tuvo que desaparecer por recibir amenazas de muerte. Bien es verdad que los asesinatos en contra de jueces y fiscales disminuyó en los últimos años. Entre 1989 y 2013 hubo un total de 300 asesinatos, pero en el 2014 fueron aun unos siete y en el 2015 solo uno. Por el contrario, las amenazas de violencia aumentaron drásticamente.

“La forma de violencia a evolucionado”, explica Ojeda y expone, casi sínico: “antes, un juez era asesinado de una y el asunto quedaba concluido. Ahora se les amenaza con que le va a pasar algo malo a sus familiares”. En las estadísticas solo aparecen las muertes de los mismos funcionarios públicos. Las amenazas contra los parientes es sin embargo un medio efectivo para intimidar a la justicia.

Además, esta clase de amenaza es más difícil de restringir. Está dirigida a un circulo de personas más grande y es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona en mira, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.

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Traducido por: David Yañez

Artículo original: 
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/kolumbien-justiz-bedroht-fasol-richter-staatsanwaltschaft/

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Encuentro: Desafíos de la Rama Judicial en el escenario de pos-acuerdo

Encuentro: Desafíos de la Rama Judicial en el escenario de pos-acuerdo

El próximo 24 de febrero de 2017 el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL), junto con Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), convocará a miembros de la Rama Judicial colombiana y a familias de funcionarios asesinados en el marco del conflicto armado a un encuentro destinado a analizar y reflexionar sobre la situación actual de la administración de justicia y aportar herramientas que contribuyan a la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.

El objetivo principal es ofrecer herramientas y conocimientos a los operadores jurídicos y las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que contribuyan a la lucha contra la
impunidad y la satisfacción de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Para asistir se debe realizar una pre-inscripción haciendo clic aquí ya que el cupo es limitado y al correo registrado le llegará la confirmación de su cupo.

En el primer panel, víctimas destinatarias de la Corporación presentarán un análisis acerca de los principales obstáculos y barreras que han encontrado a la hora de acceder a la justicia, de acuerdo a su experiencia como titulares a los derechos a la justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición.

En el segundo panel, se articularán FASOL y ASFC para presentar un análisis acerca de la situación actual de la justicia, partiendo de las observaciones realizadas en el marco del proyecto Observatorios Regionales para la Protección y Prevención de la Justicia contenidas en el informe de conclusiones parciales sobre el estado de la justicia en las regiones.

Conjuntamente ASFC presentará el informe “Estudio de casos a luz de principio de complementariedad del Estatuto de Roma. Mecanismos de impunidad en la justicia colombiana.

Para información específica, por favor comunicarse al 245 0228 con el Coordinador del área jurídica o escribir al email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Comunicado Dirección Fasol - Área Jurídica

FONDO DE SOLIDARIDAD CON LOS JUECES COLOMBIANOS - FASOL
Agosto 22 de 2016, Bogotá.

Comunicado

FASOL en su misión de proteger los derechos humanos de los trabajadores y empleados del poder judicial, observa con preocupación la situación actual de riesgo en la que se encuentran los operadores jurídicos en el departamento de Magdalena. En lo corrido del mes de Agosto, hemos tenido conocimiento de dos casos: en donde un fiscal y una jueza penal han sufrido amenazas por parte de bandas criminales, ya que se encuentran instruyendo procesos en su contra por delitos como concierto para delinquir. Adicionalmente, el juzgado penal del circuito especializado de la ciudad de Santa Marta se encuentra ubicado en el comando de policía de la misma ciudad.

En este sentido, rechazamos los actos de amenaza que se han producido sobre funcionarios y empleados judiciales que laboran en esta zona. Ya que velando por sus funciones, tanto constitucionales como legales, se encuentran en el deber de investigar y sancionar a quienes han cometido algún ilícito, aplicando las disposiciones pertinentes para su juzgamiento.

De igual manera, estos operadores judiciales al desarrollar estas investigaciones se encuentran exponiendo su libertad, integridad personal y su vida. Por lo cual, el Estado se encuentra en la obligación de brindarles todas las garantías  de seguridad para que puedan desempeñar su labor con absoluta convicción de encontrarse amparados bajo un Estado de Derecho. También, expresamos con  absoluta preocupación que un juzgado  penal se encuentre funcionando dentro de un comando de policía, no solo por el riesgo que puede compartir esta medida, sino por la injerencia que esto puede tener dentro de la independencia judicial.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las autoridades competentes en la zona para continuar con la debida protección de estos funcionarios, con el fin de salvaguardar sus vidas y su integridad personal. Así como por la protección de la independencia judicial, la cual es un componente fundamental dentro de un Estado de Derecho. Fasol continuara con el  seguimiento y acompañamiento a estos casos en la zona, asimismo seguirá denunciando la grave situación de riesgo de los operadores judiciales en ciertas zonas del país.

LA CORPORACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD CON LOS JUECES COLOMBIANOS “FASOL”.
CARLOS ANDRÉS OJEDA
Director Ejecutivo.

JULIÁN SALAZAR GALLEGO
Coordinador área jurídica

final

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