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Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado.

Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado.

Más de 9 millones de víctimas, recordando, extrañando, luchando y dignificando la memoria de aquellos que ya no están... Hoy, es un día de emotivos momentos.

Hoy, 9 de abril, despertamos con un triunfo político que defiende la justicia y las vías más creíbles y esperanzadoras para conocer la verdad de la guerra y las verdaderas causas de tanto sufrimiento y dolor por más de 50 años.

Hoy enviaremos un nuevo proyecto a nuestros aliados en Alemania, para continuar apoyando a las víctimas pertenecientes al sector judicial y continuar los pasos firmes de contribución a la construcción de paz.

Hoy estamos en Valledupar y Riohacha, cerca a nuestras familias, con los oídos atentos y las manos prestas a colaborar en su recuperación y reconciliación con la vida en la dramática lucha por la verdad de la desaparición forzada de 7 hombres que dejaron vacíos y que, solo con la unión y la esperanza lo han podido sobrellevar.

Hoy sintámonos orgullosos de pertenecer a Fasol, de contar con esta familia que desea brindarles el mayor cariño y reconocimiento como víctimas, los sentimos y abrazamos desde el respeto y la solidaridad.

No caben en las palabras toda la gratitud, el orgullo y el reconocimiento a cada uno de ustedes por permitirse ser hombres y mujeres que no se dejaron vencer de la violencia y exigen y defienden sus derechos y enaltecen los rostros y voces de los que ya no están.

Fasol está con ustedes y para ustedes.

Carlos Ojeda
Director FASOL

Foto: Encuentro de Duelo. Pasto 2019.

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Discuso magistrado Antonio Suárez en Berlín por los 110 años de la DRB

Discuso magistrado Antonio Suárez en Berlín por los 110 años de la DRB

110 años de la DRB y 30 años de relación solidaría con el poder judicial colombiano

En primer lugar, presento un saludo respetuoso a la prestigiosa Asociación Alemana de Jueces y Fiscales – DRB – por sus 110 años de fundación, que no son pocos, pero en todo caso demuestran lo importante que ha sido para la democracia y la proyección del Estado de Derecho. Y, además, en nombre del poder judicial colombiano y de sus víctimas y familiares empiezo por reconocer y agradecer su presencia solidaria en Colombia durante 30 años a través del Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial, FASOL.

1. Porqué llegamos a Alemania

Hace 30 años, en 1989, el poder judicial colombiano afrontaba la realidad de tener más de 220 jueces, magistrados y funcionarios asesinados; más de mil jueces habían recibido amenazas de muerte y al menos cincuenta de ellos estaban en grave peligro. Era una situación de zozobra permanente que lanzó al exilio Nubia Serrano e Iván Motta, presidente y secretario general de la Asociación de Jueces  ASONAL JUDICIAL. En ese año salí del país en medio de amenazas a denunciar la situación, pues ya se habían producido los hechos del Palacio de Justicia de noviembre de 1985,  en que más de cien integrantes del poder judicial resultaron muertos en un enfrentamiento entre las fuerzas armadas del Estado que no respetaron el clamor del presidente de la Corte Suprema de Justicia quien con angustia pidió que cesara el fuego para que se pudiera dar una salida incruenta a la toma y el grupo guerrillero M – 19 y, luego, una masacre en el sitio denominado La Rochela de enero de 1989 cuando un grupo paramilitar con el concurso de miembros de la fuerza pública causó la muerte de 2 jueces y 10 funcionarios del poder judicial. Pero en 1989, cuando sentíamos que llegaría una arremetida violenta contra la justicia pasó lo mejor: nos encontramos en Düsseldorf con Rainer Voss, un juez alemán cálido, de una altura física igual a su sensibilidad, que ocupaba el cargo de Presidente adjunto de la Asociación de Jueces y Fiscales de Alemania, DRB. Así, con la intervención esencial de Gabriel Sierck y de Misereor nació la idea de recolectar dinero entre los jueces alemanes para crear un fondo destinado a ayudar a los familiares de nuestros compañeros asesinados y amenazados. Ese es el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, FASOL y en su creación legal en Bogotá participaron el ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa y los sacerdotes jesuitas Francisco de Roux – hoy presidente de la Comisión de la Verdad surgida de los acuerdos de paz firmados por el gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc – Horacio Arango y Bernardo Botero. Además, en su proyección posterior jugaron un rol importante Blanca Anaya, el juez Evelio Hoyos y el sacerdote Gabriel Izquierdo, quien fue su presidente durante 7 años.

2. FASOL: el rostro de la solidaridad

Hemos sentido  en estos 30 años de relación fraternal con el poder judicial alemán la presencia de sus magistrados, jueces y fiscales, y eso nos ha permitido entender que en la dura brega por exigir respeto a nuestras vidas siempre contamos con ustedes no solo con sus exigencias al gobierno colombiano para que tome las decisiones a que está obligado en la defensa del poder judicial sino con sus contribuciones económicas voluntarias para fortalecer a Fasol. Rainer Voss dijo alguna vez refiriéndose a la ayuda del poder judicial alemán que eso “es lo mejor que DRB haya realizado a lo largo de su historia”, y esas palabras nos han conmovido de tal manera que todos los días nos comprometen a seguir luchando para conseguir mejores condiciones en el ejercicio de nuestra actividad de jueces en Colombia.

Desde 1991 hasta la fecha Fasol ha documentado 1463 acciones violatorias contra jueces y funcionarios del poder judicial, consistentes en 389 muertes y los demás hechos constitutivos de torturas, amenazas, atentados, desapariciones, exilios, secuestros y desplazamientos forzados. En lo que va corrido de 2019 se han presentado 7 amenazas y 2 atentados contra integrantes del poder judicial y entre enero de 1991 y diciembre de 2018 hemos atendido 547 familias, 230 jóvenes y 286 niños, para un gran total de 1070 personas atendidas, a través de grupos regionales creados en 18 departamentos, en una asistencia que implica hacer frente a situaciones de riesgo, realizar denuncias de presiones de actores armados y, en algunas ocasiones, acudir ante diferentes instancias para lograr la salida del país de las personas amenazadas junto con sus familias, labores en las cuales contamos con el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos.

La labor de Fasol también ha estado dirigida a ayudar con becas de estudios a los hijos de nuestras víctimas, prestar ayuda sicológica a los familiares de las personas afectadas a través de la realización de encuentros entre ellas y con víctimas de otros sectores y desde la perspectiva del trabajo en las regiones se han constituido 4 observatorios regionales para la prevención y protección a la justicia en los departamentos donde la situación es más crítica: Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca, y se tienen proyectados 3 observatorios más para el próximo plan trienal que comienza en agosto de este año. También Fasol participó y sigue interviniendo en los escenarios en los cuales se denuncian los hechos constitutivos de violación de los derechos humanos pues hemos entendido que nuestra actividad hace parte de la lucha de la sociedad colombiana por construir un Estado democrático de derecho.

3. La situación actual. La lucha por la paz

El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc luego de más de 4 años de conversaciones entre las partes, para lo cual se consideró indispensable apuntar a aquellos factores que explicaban en gran medida la existencia de la insurgencia armada. Las negociaciones de paz llevaron a acordar (i) el desarrollo rural integral (ii) reforma política y participación ciudadana prohibiendo la violencia como método de acción de política (iii) fin del conflicto armado y reincorporación de los guerrilleros a la vida política (iv) solución al problema de las drogas ilícitas y sustitución de los cultivos, en un marco de lucha contra la criminalidad organizada asociada al narcotráfico (v) el acuerdo sobre las víctimas como punto central, contexto en el cual juega un papel esencial la justicia transicional, creada para terminar conflictos o hacer frente a situaciones graves y generalizadas de violación de los derechos humanos, lo que llevó a la creación de la Comisión de la Verdad como mecanismo extra judicial y de la Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado y de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP – creada para  investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Esos acuerdos han generado importantes reclamos y movilizaciones en varias regiones del país porque es evidente que no se ha cumplido por el gobierno nacional gran parte de lo suscrito a pesar de que la mayoría de los integrantes de la guerrilla se desmovilizó. En lo que respecta a las medidas de reparación integral para la construcción de la paz, prevención y protección de los derechos humanos, los hechos más preocupantes son, sin lugar a dudas, el sistemático asedio a ex combatientes de las Farc, hoy convertidas en partido político lo que arroja unos cifras escalofriantes: a la fecha, después de la firma del Acuerdo, han resultado muertos en acciones violentas 40 ex guerrilleros y, en un ambiente de eliminación de la protesta social, según datos de la Defensoría del Pueblo entre enero de 2016 y febrero de 2018 fueron asesinados 282 líderes sociales, como reclamantes de tierras, dirigentes locales de acciones comunal,  defensores de derechos humanos y personas dedicadas a la erradicación manual de cultivos ilícitos que actuaban en las regiones, todo ello en un accionar que no cuenta con una respuesta estatal acorde con las circunstancias, dejando de lado que esos hechos, que en la práctica constituyen reveses del pos acuerdo, se han presentado en lo fundamental en las regiones dejadas por la guerrilla luego de que se produjera su desmovilización. Tales regiones, que cubren buena parte del territorio nacional están altamente militarizadas y, al mismo tiempo, presentan fuertes procesos de organización y movilización social en medio de enormes cultivos ilícitos y la existencia de actividades extractivas legales o ilegales.

En ese contexto es que debemos desarrollar  nuestro trabajo los jueces colombianos, por lo cual también se siguen presentando amenazas y la realidad de no poder ejercer la actividad jurisdiccional en términos normales en algunas regiones de Colombia como los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia y Norte de Santander o en determinadas jurisdicciones como la creada para la restitución de tierras a personas despojadas a través de la violencia. Fuera de las escalofriantes cifras que he mencionado solo entre los meses de enero y marzo de 2019 fueron amenazados 7 jueces, asesinado 1 fiscal y se presentaron atentados contra otros 2 operadores jurídicos.

Así, con el panorama que se presenta demandamos de los jueces y fiscales alemanes estrechar aún más nuestras relaciones en la seguridad de no estar solos en esta dura lucha por el Estado de Derecho para que se respete la independencia judicial en Colombia y se proteja la vida de los jueces colombianos. Por eso proponemos que a través de comunicaciones y de mecanismos legales se exija al gobierno colombiano la creación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad de los jueces como elemento esencial de protección de su independencia y que se estudie la posibilidad de acompañamiento del poder judicial en el trabajo de la Justicia Especial para la Paz – JEP – que hoy afronta una arremetida de parte de quienes no quieren que se sepa la verdad sobre el papel que jugaron en los horrores de la guerra que estamos superando, a fin de fortalecer sus funciones en el propósito de garantizar los derechos de las víctimas que son el centro de la justicia transicional.

Es necesario, entonces, exigir el cumplimiento del Acuerdo suscrito con la insurgencia para que el Estado llegue en términos democráticos a las regiones de las cuales salió la guerrilla pues de lo contrario se producirán nuevas violencias que, desde luego, ponen en peligro la vida de los jueces que deben actuar en esos territorios. Es necesario que el mundo sepa que la paz en Colombia está en peligro no solo por el incumplimiento de parte del gobierno de algunos de sus compromisos sino por la ofensiva que existe en la actualidad contra la JEP.

Desde su creación Fasol, con la compañía de la Asociación Alemana de Jueces y Fiscales, ha participado en todos los escenarios de defensa de los derechos humanos en Colombia, por eso consideramos importante que la paz acordada con la insurgencia siga su desarrollo porque estamos convencidos de que la guerra es la primera violación de esos derechos, y participamos en la Comisión de la Verdad e intervendremos en los procesos que se tramiten y que estén relacionados con hechos en los cuales fueron víctimas jueces, fiscales y funcionarios.

Sabemos de su solidaridad y, de nuevo gracias, porque estamos convencidos de que podemos seguir contando con ustedes.

Berlín, 5 de abril de 2019.



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Buscamos Coordinador del área jurídica

Buscamos Coordinador del área jurídica

TÉRMINOS DE REFERENCIA ASESOR JURÍDICO


Título del cargo: Coordinador del área jurídica y de prevención

Tipo de Contrato: Contrato a término fijo

Lugar de trabajo: Sede en Bogotá D.C., con visita a las regiones de influencia del proyecto.

Duración del contrato: Hasta el 31 de julio de 2019. Periodo de prueba de dos (2) meses.

Remuneración: $2.700.000 mensual.


PERFIL REQUERIDO

A. Profesional universitario titulado en Derecho, con experiencia de uno (1) a dos (2) años.

B. Conocimiento e interés en el campo de los Derechos Humanos y justicia transicional.

C. Capacidad de análisis de contexto local, regional y nacional.

D. Conocimiento e interés en los acuerdos de Paz y su implementación, especialmente en el punto cinco “víctimas” y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.

E. Conocimiento del sistema judicial colombiano y su oferta de justicia en los territorios, así como el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.


CONTEXTO

La Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos -FASOL-, se sustenta en el principio democrático de la independencia judicial, y en el valor de la solidaridad, con el fin de brindar estrategias de prevención y atención integral a funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía, que por su condición de operadores de justicia y ser garantes de los derechos de la población en los territorios, afrontan graves violaciones a los Derechos Humanos.

El conflicto armado colombiano no ha sido ajeno a los operadores de justicia al cumplir su función, bajo este contexto, su vida, su integridad, seguridad e independencia, es puesta en riesgo. Esta es la principal razón por la cual esfuerzos conjuntos de organizaciones y la iglesia católica encuentran solidaridad internacional y hace 26 años se crea Fasol como única entidad que apoya a la población víctima perteneciente al sector judicial.

Actualmente desarrollamos un Proyecto Trienal (01 de agosto del 2016 – 31 de julio de 2019) financiado por la agencia de cooperación internacional MISEREOR y la asociación de jueces alemanes DRB principalmente y que cuenta con cuatro (4) líneas de trabajo:

- Prevención y Protección a funcionarios y empleados judiciales.

- Atención Integral a funcionarios y empleados judiciales víctimas de la violencia.

- Proyección social de las comunidades destinatarias del proyecto.

- Fortalecimiento y visibilización institucional.


OBJETIVOS DEL PROYECTO REFERENTES AL CARGO

El objetivo de desarrollo del proyecto es la atención de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos pertenecientes al Poder Judicial y sus familias; la prevención de la violencia y su reparación.

Funcionarios y empleados del Poder Judicial en potencial riesgo de amenazas y/o presiones, reaccionan de manera pertinente frente a las situaciones de riesgo

Víctimas vinculadas a FASOL han restablecido sus proyectos de vida y/o han mitigado el riesgo.

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS:

1.- Elaboración de materiales y guías para los diagnósticos. 2.- Abrir espacios ante las ONGS. Y pertenecer a la Red de Derechos Humanos. 3.- Interlocución en Organizaciones de Derechos Humanos y embajadas, organizaciones internacionales, nacional y entidades del estado que se requieran para el óptimo desempeño del  área. 4.- Realizar denuncias Nacionales e Internacionales cuando sea pertinente. 5.- Participar en el Comité de Seguridad para el estudio de los casos de amenazados, entregar los informes para realizar la respectiva valoración. 6.- Representar la corporación Fasol en espacios institucionales e interlocutar con otras organizaciones de carácter nacional e internacional de Derechos Humanos, de acuerdo a la responsabilidad. 7.- Consolidar y mantener al día el Banco de Datos. 8.- Realizar asesorías jurídicas y debidos procedimientos en casos específicos. 9.- Preparar la documentación de los respectivos casos de seguridad para presentarlos a las Embajadas. 10.- Preparar documentos de mecanismos de protección o de mecanismos de defensa jurídica. 11.- Estudiar conjuntamente con otras organizaciones las diferentes denuncias y demandas administrativas. 12.- Apoyar a la Corporación con los temas jurídicos cuando sean requeridos. 13.- Cumplir con el código ético profesional y las normas corporativas. 14.- Mantener permanente seguimiento de los casos que llegan a la Corporación. 15.- Coordinar actividades de información, asesorías y ejecución para solicitar derechos adquiridos por los o las integrantes de FASOL. 16.- Las demás que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del área. 17.- Apoyar las auditorias desde los aspectos jurídicos. 18.- Apoyar en caso de ser necesario las áreas de la Corporación como son los talleres, encuentros regionales y nacionales. 19. Coordinar los observatorios regionales para protección y prevención de la justicia.-

ENVIAR DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

Sede de Fasol: Calle 30 A # 6 -22 Oficina 2602 – Bogotá

Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Teléfonos: (1) 2450228 – 3107997864

FECHA LIMITE DE ENTREGA

Agosto 03 de 2018

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Comunicado Atentado en Tumaco

Comunicado Atentado en Tumaco

El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos -FASOL- repudia y condena los hechos sucedidos el día de ayer donde fueron asesinados Douglas Dimitri Guerrero, Willington Montenegro Martínez y Jaír Alfonso Montenegro Galindes, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía General de la Nación, los cuales se dirigían de Pasto a Tumaco y fueron interceptados por el grupo armado ilegal Oliver Sinisterra el cual está al mando de Walter Patricio Arizala alias “Guacho”. Según hipótesis preliminares de la Fiscalía alias Guacho habría ordenado el ataque a la comisión de investigadores que se encontraba en desplazamiento.

Desde FASOL observamos con preocupación la escalada de violencia que ha venido sucediendo, en particular en el departamento de Nariño, y en general en todo el territorio Colombiano. Esto debido a que las zonas donde ha quedado un vacío de poder que anteriormente eran de incidencia de la guerrilla de las FARC-EP, se han tornado en zonas de disputa entre disidencias de esta guerrilla, que surgieron luego de la firma del Acuerdo de Paz, el ELN y organización criminales que persisten en el negocio del narcotráfico y se han convertido en el enlace con los carteles trasnacionales de comercio de drogas ilícitas.

El recrudecimiento de la violencia por estos actores armados organizados ha atacado sistemáticamente a las comunidades y a sus lideres que se abanderaron de la construcción de paz en los territorios, y ahora arremeten contra la institucionalidad y los órganos encargados de investigar y judicializar los hechos violentos de graves violaciones a los derechos humanos por parte de estas organizaciones criminales. De esta forma, la atroz masacre sucedida el día de ayer tiene un único objetivo: pretender borrar la huella de sus crímenes impidiendo las investigación y juicios, en últimas, una estrategia de obstrucción de la justicia para generar impunidad.

Una vez más la administración de justicia se encuentra sometida a las dinámicas de la violencia que minan su independencia judicial y ponen en riesgo la vida, la seguridad y la integridad personal de sus miembros. En la medida, que la situación de violencia perviva en los territorios y actores armados impidan su funcionamiento, le es mucho más complejo cumplir su función esencial y consolidarse como un actor fundamental en la construcción de paz.

Por esta razón, las organizaciones suscritas exigimos al Gobierno Nacional que sea implementada una estrategia integral para proteger a las comunidades y sus líderes que se encuentran en estos territorios, así como a la instituciones y operadores de justicia que se encargar de velar por los derechos de la población en los territorios. Asimismo, exhortamos a la Fiscalía General de la Nación para que avance lo más rápido posible en la investigación del caso, con el fin de esclarecer el móvil de estos hechos.

Desde FASOL extendemos nuestra solidaridad a las familias de los funcionarios que perdieron la vida en estos condenables hechos y de acuerdo a nuestra misión desplegaremos todos nuestros recursos humanos y técnicos para brindar una atención integral a las familias; y reafirmamos nuestro compromiso por continuar en la lucha de defender la independencia judicial, la vida y seguridad de los operadores de justicia.



FASOL
Fondo de solidaridad con los jueces colombianos


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Comunicado situación JEP

Comunicado situación JEP

BOGOTÁ - MAYO 2018
 
La apertura al público el pasado jueves 15 de marzo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), constituye un hecho histórico para la sociedad colombiana. A pesar de las dificultades políticas y de los desafíos a nivel territorial, legislativo e institucional de la implementación del Acuerdo de Paz, y en especial, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR) es un gran avance que el componente de justicia de este sistema se encuentre en funcionamiento y con sus puertas abiertas al público.

Para el funcionamiento e implementación de la JEP y otros componentes del Acuerdo de Paz fue creado el Fondo Colombia en Paz (decreto 891 del 27 de abril de 2017), el cual estaría a cargo de administrar y canalizar los recursos de Estados y Agencias de Cooperación para los propósitos anteriores. En efecto, gran parte del funcionamiento de la JEP durante el año 2017 proviene del Fondo Multidonante de las Naciones, éste hace parte del Fondo Colombia en Paz y es administrado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM). Este proyecto tenía tres objetivos específicos: el diseño y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y la JEP, diseño del sistema de la información de la JEP; finalmente, apoyo a la participación de víctimas en los diferentes órganos de la JEP, así como la interlocución con estas y sus organizaciones.

Una vez fue nombrada Patricia Linares presidenta de la JEP y los demás magistrados/as de las diferentes salas, inició una discusión al interior del sistema de justicia respecto del mecanismo de gobierno que tendría este sistema, ya que según Néstor Raúl Correa (Secretario Ejecutivo), éstos pretendían retirarle funciones a la secretaría ejecutiva que habían quedado en el Acto legislativo 01/2017 y en la ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP y que estas reposarían en ciertos magistrados. Lo cual conllevó a generar tensiones entre el secretario ejecutivo y la presidenta. Adicionalmente, se presentó un llamado por parte de la Contraloría General de la Republica a la Secretaría para la presentación de un informe de rendición de cuentas sobre los dineros ejecutados del Fondo Multidonante, informe que no satisfizo los estándares de rendición de cuentas de la Contraloría, y que según Correa éste debería ser presentado a fondo por parte de la Dra. Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz.

El pasado mes de marzo el secretario presentó su renuncia, la cual fue aceptada el 12 de abril por el tribunal. Según declaraciones del señor Néstor Raúl Correa su función ya había culminado logrando poner en funcionamiento gran parte de la JEP: se había logrado la consecución de la sede donde funcionaria este sistema de justicia, la contratación de personal, la seguridad para los magistrados/as y la logística para su apertura y se habían ejecutado con total transparencia los recursos destinados por el Fondo Multidonante para la implementación de la JEP.

Posteriormente a la renuncia del secretario, se comenzaron a develar una serie de irregularidades cometidas por el señor Correa durante su administración por parte de la presidenta de la JEP. Por medio de un comunicado institucional se estableció que el señor Correa se encontraba presionando a los magistrados/as para que adoptarán su modelo de gobierno y no el que pretendían los recientes magistrados. Inclusive el señor Correa los amenazó con dar a conocer la opinión pública una serie de correos que habían cruzado con el Ministro de Justicia y el Derecho donde exponían una serie de conceptos jurídicos acerca del sistema de gobierno de esta jurisdicción, correos que según Patricia Linares fueron obtenidos de manera ilegal. Ya que, según él, poner los conceptos de los magistrados en conocimiento del gobierno era irregular.

Adicionalmente, el comunicado de la presidenta del tribunal realiza una fuerte crítica respecto de la ejecución de los recursos en la administración del señor Correa, ya que hasta la fecha no se cuenta aún con la logística adecuada para que los magistrados/as comiencen su trabajo, la contratación de personal adicional al que estaba establecido (se debían contratar 100 personas y se contrataron 163), la falta de sistemas de seguridad y protección para los magistrados/as. La secretaría tampoco avanzo en el sistema de representación legal de las víctimas, sistema de apoyo psicosocial para las víctimas, sistema de monitoreo y vigilancia de personas beneficiadas con libertad condicional y el sistema autónomo de defensa de los excombatientes de las FARC.

Por esta razón, observamos con amplia preocupación que estas declaraciones trascienden más allá que una diferencia de criterios sobre el mecanismo de gobierno de la JEP, son hechos que deben ser investigados disciplinaria y penalmente. Como en diferentes informes la Corporación ha insistido que la JEP debe tomar todas las medidas necesarias para no adolecer de las mismas vicisitudes de las cuales padece la Jurisdicción Ordinaria. No es conveniente que la JEP se torne en un escenario político donde se entren a dirimir conflictos y generar acusaciones por medio de la opinión publica respecto del mandato y función de cada uno de los órganos que compone este sistema de justicia, más aún cuando las víctimas que son la columna vertebral del Acuerdo.

Desde la Corporación instamos a la Jurisdicción Especial de Paz para que continúe fortaleciendo su sistema de rendición de cuentas, en donde establezcan los recursos que se han invertido en esta Jurisdicción, la planta de personal que labora allí, los casos que ingresan y su ruta dentro de la jurisdicción. Este deber de la judicatura es fundamental como una práctica de transparencia respecto de su quehacer en el ejercicio de la función pública deadministrar justicia, así como una forma de evidenciar los resutados hacia la sociedad. Por otro lado, es pertinente que la ciudadania exija y monitoreé el comportamiento de los funcionarios y organismos públicos para garantizar que se respete la ley.

Respecto de la interceptación de correos por parte del señor Correa, sí la presidenta del tribunal sustenta que fueron obtenidos de forma ilegal es imperioso que presente la denuncia respecto de este hecho con todo el material probatorio que la sustente con el fin de que no quede un manto de sospecha entre la sociedad y las vícitmas. Consideramos que estos hechos afectan la legitimidad de la JEP, así como su confianza por parte de la ciudadanía y las víctimas que esperan que este tribunal garantice sus derechos a la verdad y la justicia y no se quede en pugnas políticas que en nada contribuyen a zanjar las heridas que ha dejado el conflicto armado. Por lo tanto, es imperioso que estos hechos se aclaren de la forma mas transparente posible por medio de los canales judiciales e institucionales pertinentes para levantar cualquier duda sobre el funcionamiento de la JEP y las demás instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición.

A pesar de esta situación creemos en la importancia de seguir trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil y las Agencias de Cooperación en el fortalecimiento de la legitimidad de la JEP, para que obtenga la confianza suficiente por parte de la ciudadanía y las víctimas de que será un tribunal que contribuirá a cerrar las heridas dejadas por este largo conflicto armado y aportará para la consecución de una paz estable y duradera.

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Visitas domiciliarias psicología: Florencia y Neiva.

Visitas domiciliarias psicología: Florencia y Neiva.

Durante los días 20 al 23 de junio, se ha realizado la visita domiciliaria terapéutica en Florencia y Neiva a las familias que nos han recibido en sus hogares.

Esta es otra oportunidad de estar cerca de nuestros y nuestras destinatarias para brindar apoyo, orientación psicoterapéutica, escuchar activamente sobre sus preguntas, necesidades y avances.

Inició la actividad en Florencia desde el mismo día de llegada y se realizó sin inconvenientes. Esta visita me ha brindado la oportunidad de conocer la cordialidad y amabilidad de las personas visitadas y dejado en nuestras manos el compromiso de continuar con estas estrategias que permiten el seguimiento a sus procesos de recuperación integral. Es también la posibilidad de conocer sobre sus entornos, oportunidades laborales, cercanía o no a la salud, posibilidad o no de encaminar y desarrollar sus proyectos de vida personales y familiares.


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La visita en Neiva, estuvo rodeada de la alegría de la preparación de las fiestas de San Pedro, la familia visitada, cordial, amable y generosamente, ha compartido todo su saber sobre el movimiento cultural, familiar y comunitario que origina estas celebraciones.

Siempre este espacio ha tenido el efecto del encuentro, la cercanía y la sensación de parte de los y las destinatarias de apoyo, permanencia e importancia de nuestro quehacer hacia sus diferentes expresiones individuales y familiares dentro del marco del trabajo psicosocial.


Cordial saludo,


LUZ FABIOLA GALLO PARRA

Coordinadora Área Crecimiento Personal



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Relatoría taller: Conductas Adictivas

Relatoría taller: Conductas Adictivas

Como acordamos con nuestra comunidad de tratar temas que fueran de su interés personal y familiar, hemos iniciado con el taller de  conductas adictivas, taller que ya fue realizado en las ciudades de Santa Marta, Medellín, Cali y Bogotá.

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El consumo de psicoactivos, es uno de los temas elegidos por nuestros destinatarios entre otros de igual importancia, y la decisión de iniciar con él este ciclo de talleres regionales, obedece en gran medida a la observación sobre el impacto que está trayendo a nuestras vidas y familias  en general. Conocemos por los medios de comunicación, por las conversaciones cotidianas con familiares y amigos, en los entornos escolares y universitarios, en las calles,  en el ámbito laboral, sobre la gravedad del tema y ha sido esta una gran oportunidad de abordarlo, conocerlo y trabajarlo.

Al pensar en el tema no podía menos que hacerlo desde una mirada minuciosa y analítica, por ello se amplió el trabajo para conocer sobre las adicciones de consumo (SPA, adicción a la comida) y adiciones de conducta (TICS, juego, trabajo, relaciones, religión).

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En cada una de las ciudades, con su color y sabor propio, se desarrolló con entusiasmo, fuerza, interés, entrega  y gratitud. Se trabajó con una metodología lúdica, dinámica, participativa y simbólica, que contribuyen al refuerzo del conocimiento adquirido. En el transcurso del trabajo disfrutamos de  los rostros y cuerpos dispuestos a la tarea, las preguntas, aportes, risas, momentos de silencio, análisis, momentos llenos de emoción que  enriquecieron cada espacio diseñado para la construcción de saberes.

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Aparecen nuevas miradas y sensaciones respecto al tema, que esperamos sean abordadas en el documento que se está gestando a partir de los encuentros, de sus aportes y de varios interrogantes.

Cada ciudad cuenta con asesoramiento psicoterapéutico, por lo que no está demás recodarles que también en este espacio pueden encontrar orientación sobre los cuestionamientos que pueda haber dejado el trabajo realizado.

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El equipo de trabajo para concretar esta actividad se conformó con las psicólogas de Medellín: Laura Molina Díaz, Cali: Mónica Mondragón Rojas, Valledupar: Evilde La Hoz y la coordinadora del área de crecimiento personal. Total  agradecimiento a mis compañeras por su dinamismo, entusiasmo y compromiso para su realización.

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A nuestros y nuestras destinatarias gracias por su valor y empeño en que sigamos de la mano construyendo estos espacios de aprendizaje, respeto, unión familiar e institucional. Gracias a cada persona en las ciudades que participo de la coordinación y realización del taller.

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Gracias a mis compañeras del equipo FASOL, que acompañaron y apoyaron esta labor.


Luz Fabiola Gallo Parra

Coordinadora Área Crecimiento Personal

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Comunicado: Aplicación de las amnistías, indultos y demás tratamientos penales especiales a los actores del conflicto armado Ley 1820 de 2016

Comunicado: Aplicación de las amnistías, indultos y demás tratamientos penales especiales a los actores del conflicto armado Ley 1820 de 2016

El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos –FASOL- en virtud del seguimiento a la implementación del acuerdo de paz suscrito el pasado 24 de noviembre entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, especialmente en lo que se refiere a la incorporación de los mecanismos de justicia transicional y su relación con la jurisdicción ordinaria y el sistema judicial vigente, realiza un llamado a los jueces penales de conocimiento y de ejecución de penas a la aplicación de la ley 1820 de 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto, tratamientos especiales y otras disposiciones” y su decreto reglamentario 277 de 2017.

Reconocemos que las amnistías, indultos y demás tratamientos especiales son un mecanismo de justicia transicional que tienen como fin alcanzar la paz y la transición pacífica, y como complemento de la justicia restaurativa se enfoca hacia la reconstrucción de los lazos sociales y la reconciliación para que los integrantes de las FARC-EP inicien su reincorporación a la vida civil. Por su parte el gobierno nacional se ha comprometido a la rápida implementación de las disposiciones del acuerdo de paz que garantizan la seguridad jurídica, física y socioeconómica de las FARC-EP.

En este sentido, uno de los actores instituciones fundamentales dentro de la implementación de los acuerdos es la Rama Judicial, la cual enfrenta una serie de desafíos en el escenario de posacuerdo entre ellos la aplicación de la amnistía de iure y la libertad condicionada por los delitos políticos y conexos consagrada tanto en la ley 1820 como en el decreto 277 de 2017. A pesar de esto, Fasol ha observado dificultades en la aplicación de esta norma respecto a dos puntos en concreto: i) la aplicación de los beneficios y tratamientos especiales por parte de algunos operadores judiciales y ii) la dificultad que ha tenido el sistema judicial al momento de acumular los procesos que cursan sobre integrantes de la guerrilla. Situaciones que minan el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz.

Por esta razón, exhortamos a los operadores/as judiciales a que en virtud de este proceso transicional en donde el Estado colombiano se ha comprometido con el otorgamiento de beneficios penales y de garantías de seguridad jurídica para los desmovilizados y las FARC-EP han realizado lo propio por medio de la entrega de armas y su compromiso a reintegrarse a la vida civil. Y en el marco de la legislación proferida para la implementación de lo acordado, a resolver lo más pronto posible la situación de los miembros de las FARC-EP privados de la libertad que son procesados por delitos políticos y conexos a nivel nacional por medio de la aplicación efectiva de las amnistías de iure y las libertades condicionadas. Así como la aplicación de los demas tratamientos penales especiales a todos los actores, en especial a los agentes del Estado, que han participado directa o indirectamente dentro del conflicto armado, de acuerdo a un tratamiento diferencial, equiibrado, simetrico, equitativo y equiibrado

Igualmente, los operadores/as judiciales encargados de aplicar esta ley deben contar con la debida protección a su independencia judicial para que como jueces/as cuenten con todas las garantías de imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas de diferentes sectores o por cualquier motivo. En este sentido, observamos con preocupacion el borrador de decreto del Ministerio de Justicia y el Derecho por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistia e indulto y tratamientos especiales.

Para ver el decreto: http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Proyectos_Decretos/Proyecto%20de%20Decreto%20reglamentario%20de%20la%20Ley%201820%20de%202016.pdf



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Fasol y el Plan Decenal de Justicia

Fasol y el Plan Decenal de Justicia

En el marco de la formulación y elaboración del Plan Decenal de Justicia, el cual tiene como objetivo realizar un ejercicio prospectivo de la justicia a diez años atendiendo las necesidades y demandas de justicia de la población en los territorios. El pasado 6 de julio FASOL sostuvo reunión con el coordinador del plan de justicia, en donde se tuvo la oportunidad de exponer las preocupaciones acerca del estado presentar la propuesta "Para la protección y fortalecimiento a la independencia judicial y los desafíos en el escenario de posacuerdo”.

En la propuesta se plantearon estrategias que permitan blindar la independencia judicial de los operadores de justicia, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado y que actualmente se encuentran con actores armados y bandas criminales. Así como los principales desafíos de la justicia ordinaria en el escenario de posacuerdo y su relación con la naciente Jurisdicción Especial para la Paz.

La propuesta elaborada por FASOL fue incluida como propuesta destacada dentro de la elaboración del Plan Decenal del Sistema de Justicia. Ahora bien, para la implementación del Plan Decenal se ha establecido como estrategia la estructuración de comités que realizan seguimiento a la ejecución del mismo, de los cuales FASOL espera hacer parte para continuar su incidencia en el fortalecimiento a la independencia judicial y el acceso a la justicia por parte de poblaciones vulnerables, como lo es la población afectada por el conflicto armado colombiano.

A continuación encontrarán el link donde se encuentra la propuesta para que sea consultada por todos.

Enlace: https://www.minjusticia.gov.co/PlanDecenaldeJusticia/PropuestasDestacadas.aspx

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Informe a Naciones Unidas

Informe a Naciones Unidas

Les compartimos el informe presentado por Fasol ante el Relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, en el cual se expone la grave situación de riesgo y de falta de independencia a la cual se encuentran sometidos los operadores de justicia y la necesidad de implementar rutas y políticas que se encarguen de velar por su  vida, su integridad y protección, especialmente en el escenario actual de posacuerdo.

Igualmente se realizó la denuncia de algunos casos en donde se ha visto gravemente afectada la independencia judicial y la vida de los operadores de justicia por parte de actores  del crimen organizado.

Para ver o descargar el documento, hacer clic aquí.

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