Interés General


Buscamos Coordinador del área jurídica

Buscamos Coordinador del área jurídica

TÉRMINOS DE REFERENCIA ASESOR JURÍDICO


Título del cargo: Coordinador del área jurídica y de prevención

Tipo de Contrato: Contrato a término fijo

Lugar de trabajo: Sede en Bogotá D.C., con visita a las regiones de influencia del proyecto.

Duración del contrato: Hasta el 31 de julio de 2019. Periodo de prueba de dos (2) meses.

Remuneración: $2.700.000 mensual.


PERFIL REQUERIDO

A. Profesional universitario titulado en Derecho, con experiencia de uno (1) a dos (2) años.

B. Conocimiento e interés en el campo de los Derechos Humanos y justicia transicional.

C. Capacidad de análisis de contexto local, regional y nacional.

D. Conocimiento e interés en los acuerdos de Paz y su implementación, especialmente en el punto cinco “víctimas” y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.

E. Conocimiento del sistema judicial colombiano y su oferta de justicia en los territorios, así como el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.


CONTEXTO

La Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos -FASOL-, se sustenta en el principio democrático de la independencia judicial, y en el valor de la solidaridad, con el fin de brindar estrategias de prevención y atención integral a funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía, que por su condición de operadores de justicia y ser garantes de los derechos de la población en los territorios, afrontan graves violaciones a los Derechos Humanos.

El conflicto armado colombiano no ha sido ajeno a los operadores de justicia al cumplir su función, bajo este contexto, su vida, su integridad, seguridad e independencia, es puesta en riesgo. Esta es la principal razón por la cual esfuerzos conjuntos de organizaciones y la iglesia católica encuentran solidaridad internacional y hace 26 años se crea Fasol como única entidad que apoya a la población víctima perteneciente al sector judicial.

Actualmente desarrollamos un Proyecto Trienal (01 de agosto del 2016 – 31 de julio de 2019) financiado por la agencia de cooperación internacional MISEREOR y la asociación de jueces alemanes DRB principalmente y que cuenta con cuatro (4) líneas de trabajo:

- Prevención y Protección a funcionarios y empleados judiciales.

- Atención Integral a funcionarios y empleados judiciales víctimas de la violencia.

- Proyección social de las comunidades destinatarias del proyecto.

- Fortalecimiento y visibilización institucional.


OBJETIVOS DEL PROYECTO REFERENTES AL CARGO

El objetivo de desarrollo del proyecto es la atención de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos pertenecientes al Poder Judicial y sus familias; la prevención de la violencia y su reparación.

Funcionarios y empleados del Poder Judicial en potencial riesgo de amenazas y/o presiones, reaccionan de manera pertinente frente a las situaciones de riesgo

Víctimas vinculadas a FASOL han restablecido sus proyectos de vida y/o han mitigado el riesgo.

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS:

1.- Elaboración de materiales y guías para los diagnósticos. 2.- Abrir espacios ante las ONGS. Y pertenecer a la Red de Derechos Humanos. 3.- Interlocución en Organizaciones de Derechos Humanos y embajadas, organizaciones internacionales, nacional y entidades del estado que se requieran para el óptimo desempeño del  área. 4.- Realizar denuncias Nacionales e Internacionales cuando sea pertinente. 5.- Participar en el Comité de Seguridad para el estudio de los casos de amenazados, entregar los informes para realizar la respectiva valoración. 6.- Representar la corporación Fasol en espacios institucionales e interlocutar con otras organizaciones de carácter nacional e internacional de Derechos Humanos, de acuerdo a la responsabilidad. 7.- Consolidar y mantener al día el Banco de Datos. 8.- Realizar asesorías jurídicas y debidos procedimientos en casos específicos. 9.- Preparar la documentación de los respectivos casos de seguridad para presentarlos a las Embajadas. 10.- Preparar documentos de mecanismos de protección o de mecanismos de defensa jurídica. 11.- Estudiar conjuntamente con otras organizaciones las diferentes denuncias y demandas administrativas. 12.- Apoyar a la Corporación con los temas jurídicos cuando sean requeridos. 13.- Cumplir con el código ético profesional y las normas corporativas. 14.- Mantener permanente seguimiento de los casos que llegan a la Corporación. 15.- Coordinar actividades de información, asesorías y ejecución para solicitar derechos adquiridos por los o las integrantes de FASOL. 16.- Las demás que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del área. 17.- Apoyar las auditorias desde los aspectos jurídicos. 18.- Apoyar en caso de ser necesario las áreas de la Corporación como son los talleres, encuentros regionales y nacionales. 19. Coordinar los observatorios regionales para protección y prevención de la justicia.-

ENVIAR DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

Sede de Fasol: Calle 30 A # 6 -22 Oficina 2602 – Bogotá

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Teléfonos: (1) 2450228 – 3107997864

FECHA LIMITE DE ENTREGA

Agosto 03 de 2018

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Plebiscito: Miedos y Razones

Plebiscito: Miedos y Razones

En los próximos meses seremos convocados a las urnas para refrendar el acuerdo de paz que se firme en La Habana. De esta forma, el pueblo colombiano expresará si está o no de acuerdo con la implementación de lo pactado en los cinco puntos que se plantearon en la agenda inicial. Más allá de votar por el sí o por el no, este acto implicará un proceso reflexivo e introspectivo de cada uno de los votantes.

Quisiera invitar a los lectores a interpelarse sobre las razones de su voto, a mirarnos frente al espejo y realizarnos preguntas incomodas que quizás no estaríamos dispuestos a responder. Probablemente el espejo este roto y agrietado por los resentimientos que nos abarcan, por las desilusiones y por las tristezas. La encomiable tarea de recomponer los fragmentos de éste no es para nada fácil. Implica dejar el miedo atrás para no sucumbir ante la zozobra o incertidumbre de los tiempos venideros de despojarnos de nuestros dolores y aflicciones.

La esperanza será el motor para restaurar el espejo ante el cual nos miramos, es el aliciente para forjar un mejor futuro, para que una vez privados de nuestros temores, estiremos nuestra mano para perdonar, para mostrar nuestra solidaridad frente a las víctimas, por la voluntad para construir un país resiliente y con las herramientas para superar las inequidades sociales que nos afligen. De (re)pensar un nuevo país en donde todos seamos colombianos, sin distingo alguno, de si es guerrillero o paramilitar; simple y llanamente, somos colombianos, restaurando el tejido social que ha sido roto por cincuenta años de conflicto armado.

Esto acarrea asumir un cambio en nuestras mentalidades, dejar de vernos como una novela de buenos y malos, de héroes y villanos, de polarizaciones absurdas que reavivan rencores y animadversiones. Por una sociedad, educada, tolerante, solidaria y bajo el respeto de la diferencia. Eliminando los estereotipos con los cuales solemos definir a los demás, procurando que en nuestro espejo personal quepan tantas visiones como sea posible, si es del caso dibujar un mosaico, con cada una de las perspectivas, y nuestro reto, será amalgamar cada una de ellas con nuestro yo, con nuestras experiencias y juicios internos.

 
Seguramente, el voto requerirá un conocimiento de cada uno de los puntos acordados, de sus implicaciones sustanciales dentro de la realidad del país; esto conlleva un esfuerzo fuerte de pedagogía por parte del Estado para que todos los ciudadanos se enteren y tengan la capacidad de entender que se ha pactado en la mesa de negociación. Aparejado a esto, vendrá el compromiso de cada uno para trabajar cada día por una paz estable y duradera, por reconciliarnos nosotros mismos y con los demás, por olvidar odios y resentimientos que corroen nuestros corazones, para obliterar distinciones entre aquellos que han sido afligidos por el conflicto y aquellos que no, por dejar de estigmatizar a los guerrilleros y paramilitares que han empuñado un arma.

Una vez el espejo este completo y nos veamos en él, con todas nuestras vicisitudes, heridas, pensamientos y prejuicios, estaremos dispuestos a tomar una decisión de afrontar los avatares que implica pensar una sociedad de nuevo. Cuando llegue la hora de votar, al tachar el sí o el no, cada opción acarrea una responsabilidad y un compromiso como ciudadano, y lo más importante, una actitud frente a los tiempos venideros.

Sin muchos titubeos, es el momento de perdonar, de aceptar errores y conferir oportunidades, de callar los fusiles y hacer eco de nuestras ideas. Al votar por el sí, decidimos tomar una oportunidad que nos ofrece la historia a los colombianos para emprender una transformación social e institucional que deje atrás y para siempre un pasado trágico y doloroso de confrontación humana violenta y a la vez elimine las causas estructurales que originaron el conflicto armado y se corrijan sus nefastas consecuencias para así hacer irreversible y sostenido el proceso de reconciliación y transición hacia la paz.

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¡LA JUSTICIA EN VENTA!

¡LA JUSTICIA EN VENTA!

Hace poco realizamos en el Valle del Cauca el primer encuentro de los observatorios para la protección y prevención a la justicia en este departamento. La convocatoria tuvo gran acogida, funcionarios y empleados de diferentes especialidades, entre ellas restitución de tierras y la jurisdicción penal, acogieron nuestro llamado. Quizás este espacio funcione como catarsis para que los funcionarios de la rama judicial expongan sus problemáticas. Sin embargo, no es fácil enfrentarse a tantas complejidades que atraviesa la administración de justicia colombiana: la falta de personal, de instalaciones, de insumos y herramientas para desarrollar los procesos, entre otros.

Se podría suponer que un Estado de Derecho como el Colombiano la justicia es totalmente incólume e independiente, pero esto es solo una realidad que se divisa en el papel de la constitución. La justicia es un actor más de la multiplicidad de actores que se encuentran en el territorio –actores institucionales e ilegales-, especialmente en las regiones, en los municipios, en donde se entretejen relaciones entre ellos: la justicia recibe mensajes de cada uno de estos -para ser más explícitos- presiones que terminan generando una injerencia determinante en sus decisiones y soslayando la independencia judicial. En este sentido, la justicia no es ajena a la sinergia que generan estos actores en el territorio y al hacerla un jugador más dentro del campo, cobra un papel totalmente activo y preponderante, tanto por la importancia de sus decisiones como por su rol fundamental en la institucionalidad.

Para mi asombro, en este campo dialógico la justicia se encuentra permeada por los grupos de poder económico imperantes en la zona, es lamentable que un despacho por su falta de infraestructura y de insumos, tengan que aceptar apoyo logístico (construcción de salas de audiencias, computadores y modulares para oficinas) para lograr en los más mínimo con su labor de administrar justicia. En últimas, esto no es más ni menos, que un financiamiento económico por parte de grupos económicos en el Valle del Cauca.

¡La justicia está en venta! El único mensaje que envía este fenómeno de financiamiento económico a los despachos judiciales, es que los grupos de poder económico se blinden frente a futuras investigaciones, no es más que una dadiva que busca socorrer este déficit de recursos humanos y físicos, la cual no es a título gratuito, es una forma flagrante de incidir directamente sobre la administración de justicia: “cómo voy a juzgar a estas personas si proveen recursos para el funcionamiento del despacho”. Lo que termina por vedar totalmente la independencia judicial y cooptando la justicia local quedando totalmente maniatada para iniciar procesos en contra de estas personas o grupos. Y como dice el dicho: la necesidad tiene cara de perro. 

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1er Observatorio Regional para la prevención y protección de la justicia

1er Observatorio Regional para la prevención y protección de la justicia

El fondo de solidaridad con los jueces colombianos –FASOL- ha decidido iniciar un trabajo de prevención en materia de seguridad con el fin de fortalecer la justicia y la independencia de los empleados y funcionarios del poder judicial desde un enfoque regional. En donde se formulen soluciones que propugnen por el fomento de la independencia judicial y que contribuyan al fortalecimiento institucional del aparato judicial, para que éste en un futuro posconflicto pueda contribuir con investigaciones eficaces que cumplan con la demandas de justicia, verdad y reparación de las víctimas.

¿Qué son los observatorios regionales para le prevención y protección de la justicia (ORPP)?

Los ORPP es un proyecto de la Corporación enmarcado en la línea de prevención, en donde buscamos determinar bajo que presiones (instituciones, políticas, grupos armados al margen de la ley, medios de comunicación, etc.) se encuentran sometidos los funciones y empleados de la Rama Judicial afectando su independencia judicial. Para luego, establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir potenciales víctimas o brindarle protección a las ya existentes; crear redes de contacto y solidaridad que les permita a las víctimas identificar que rutas de acción se pueden implementar en una situación de riesgo.

¿Cuáles son los objetivos de los ORPP?

• Buscamos disminuir riesgos en víctimas potenciales que pertenecen al Poder Judicial.
• Fortalecer la justicia y la independencia judicial dentro de un eventual contexto de un posconflicto.

¿Cómo se llevarán a cabo los ORPP?

El proyecto se llevará a cabo en dos fases:

1. Encuentro de análisis de riesgo de la justicia: Se buscará analizar factores de riesgo en las regiones donde los funciones y empleados judiciales desarrollan sus funciones.

2. Encuentro de elaboración de alertas tempranas y redes de apoyo: Se buscará diseñar estrategias y mecanismos de protección y prevención frente a riesgos y presiones que afecten sus investigaciones y decisiones.

¿Dónde se llevarán a cabo y Cuál es la población participante en los ORPP?

Se realizarán en tres regiones especialmente azotadas por la violencia, a saber: i) Antioquía; ii) Valle del Cauca y; iii) Norte de Santander.

En estos talleres se contará con la presencia de 15 funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en especial funcionarios que pertenecen a la jurisdicción penal, civil y de restitución de tierras, fiscales e investigadores de cada una de estas regiones y de municipios aledaños.

Observatorio Regional - Valle del Cauca

Lugar:  Hotel MS Chipichape - Cali 
  Av. 4A Norte # 37 -84 
 Fecha: 13 al 15 de Mayo de 2016 


Para más información puede comunicarse al 245 0228 ó escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Fortaleciendo la justicia para el posconflicto

Fortaleciendo la justicia para el posconflicto

En el escenario de un posconflicto muchas de las zonas rurales y semirurales (municipios)  donde imperaba la ley de actores al margen de la ley van a ser ocupadas por el Estado, lo que implica necesariamente un fortalecimiento institucional para abarcar estos espacios donde estaba completamente ausente. Lo que sugiere de inmediato un trabajo fuerte de ingeniera estatal para procurar llevar todas sus instituciones a estos municipios - y no solo instituciones - sino también cobertura en servicios básicos como salud, agua potable y educación. Ahora bien, un aspecto de vital importancia en el fortalecimiento institucional es la administración de justicia, un estudio de Mauricio García Villegas (2008) revela que la tercera parte de los jueces municipales del país se encuentran en zonas de conflicto armado, esto sugiere que muchos de ellos pueden estar proclives a ataques, hostigamientos o amenazas de bandas criminales que les impidan desempeñar su labor judicial.
 
Más allá de esto, muy seguramente en el posconflicto aumentará la demanda de justicia por parte de los ciudadanos en estas zonas rurales, que han vivido en un continuo régimen de intimidación y que por fin han decidido denunciar a sus victimarios antes los jueces. Esto implica que tanto el acceso a la justicia como su administración se deben fortalecer y allí es donde el estado debe jugar un papel preponderante. Respecto del acceso a la justicia, se debe ampliar la cobertura de despachos a lo largo y ancho de los municipios del país, en donde todos y cada uno de los habitantes de las regiones pueda tener acceso a la justicia, y si estos despachos se encuentran en zonas con población afrodescediente, palanquera o indígena se debe brindar la atención bajo el precepto de un  enfoque diferencial. Procurar eliminar todas esa trabas procesales que no le permite a la gente del común acercase al aparato de administración de justicia, tener formatos únicos para ciertos procesos que le permitan a los ciudadanos expresar sus pretensiones y tener en cada despacho funcionarios que le provean asesoría a las personas que pretenden interponer una demanda o denuncia; factores que probablemente puedan fomentar el acceso a la justicia.

En lo que atañe a la administración de justicia, los despachos deben contar con un equipo técnico y humano que permita cubrir con celeridad y eficacia las demandas de justicia.  Contar con instalaciones adecuadas, bien distribuidas y con un puesto de trabajo para cada funcionario del despacho, así como personal suficiente y calificado. También,  se deben suplir las  herramientas informáticas (hardware y software) necesarias  para procesar  todos los casos.  Y desde mi punto de vista lo más importante, la seguridad con la que deben contar estos funcionarios, brindarles un esquema de  seguridad suficiente de tal forma que puedan realizar sus investigaciones y juicios de una forma imparcial, sin temor y con toda la convicción que están administrando justicia bajo el imperio de la ley. Muy seguramente, de la seguridad dependerá que la independencia judicial no se vea socavada y la gran mayoría de los casos puedan llegar a una sentencia.

Entonces… ¿Cómo se logra ésto? El fortalecimiento de la justicia debe ir de abajo hacia arriba, respetando el enfoque local o regional que se le quiere dar a la implementación de los acuerdos. En donde se debe destinar una partida de gasto, ya sea del fondo para el posconflicto o de recursos nacionales, especialmente dirigida a fortalecer a los despachos judiciales en los municipios, dinero que canalizado con absoluta transparencia y eficacia, evaluando los resultados -que por demás deben ser positivos- al inyectar este dinero a la administración de justicia. Si se piensa un fortalecimiento institucional se debe empezar por el fortalecimiento de la justicia y su rol de gran importancia que sostendrá en el desarrollo de un posconflicto, ya que muy seguramente si el habitante de estas zonas observa que la justicia funciona y lo hace de manera rápida y efectiva, poco a poco irá retornando su confianza en el Estado. 

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