Interés General


En Colombia la justicia está en peligro

En Colombia la justicia está en peligro

Investigaciones a costa de la propia vida y la familia

18.11.2016

Por Anne Schneiderhan

Lejos de los tratados de paz en la Habana, jueces y fiscales colombianos arriesgan con su trabajo sus vidas y las de sus familiares. Anne Schneiderhan visitó la organización humanitaria que se encarga de estos juristas.

El Presidente Juan Manuel Santos recibirá el Premio Nobel de la Paz de este año por sus esfuerzos por conseguir la paz en Colombia. Pese a que a comienzos de octubre del 2016 el Tratado de Paz con el grupo guerrillero las FARC fue rechazado por la población con una ligera mayoría, las negociaciones no se cesarán. Aún hay esperanza de que llegue el fin de una guerra civil prolongada por más de 50 años. El cierre de paz entre el gobierno y las FARC es el paso correcto y además importante.

Sin embargo, indiscutiblemente no es la solución perfecta para los problemas del país. Los jueces y los fiscales se ven obligados a enfrentarse con frecuencia en su labor cotidiana contra la corrupción, la intimidación y las amenazas. Sobre todo en el campo, la justicia se encuentra sin protección y a la merced de las maquinaciones de bandas criminales.

En el año 2015 hubo un total de 65 actos registrados de violencia dirigida directamente a jueces o a fiscales. La organización no gubernamental FASOL (Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos) es la única organización que se encarga de manera deliberada de las víctimas de esta violencia que va en contra de la justicia. Durante mi visita en las oficinas en el centro de la capital, Bogotá, fui cordialmente recibida por el director Carlos Ojeda. Él y Julián Salazar, el consejero jurídico, me explicaron la historia de la ONG, así como los problemas ante los que se están enfrentando en la actualidad. En particular, la trágica historia de una fiscal del departamento del Valle del Cauca fue impresionante.

Frecuentes asesinatos por bandas criminales

La fiscal, que por motivos de seguridad debe permanecer anónima, entabló investigaciones contra 30 miembros de una banda armada que eran conocida por pertenecer al Clan Úsuga; muy presente y temido en toda Colombia. Gracias a los esfuerzos de La fiscal, ocho personas fueron detenidas. Al principio fue celebrada por sus superiores como una indagadora ejemplar. Pero cuando ella recibió amenazas de muerte en contra de sí misma y de su familia, y por consiguiente pidió protección personal a las autoridades competentes, la gente comenzó a distanciarse pronto de ella.

Aún antes de que la solicitud de protección personal fuese tramitada, los criminales ya habían matado a tiros a dos de sus hermanos. Poco después su madre apenas se salvó de otro intento de asesinato. La fiscal y 15 de sus parientes tuvieron que abandonar su pueblo por miedo a perder sus vidas. Desde hace tres años viven en clandestinidad, desplazados de su hogar y aún siguen siendo amenazados. Apenas hace pocos meses dos miembros de su familia regresaron cerca a su pueblo natal. Solo por un golpe de suerte se pudo prevenir que los asesinaran.

A la vehemente fiscal le afecta muy duro el que no pueda continuar ejerciendo su carrera y sufre de una depresión severa. No recibe apoyo alguno por parte del estado. FASOL es el único lugar de donde ella recibe ayuda alguna. Ahora todos están a la espera de que ella y su familia reciban asilo político en el exterior, siendo esto su único escape por el momento. 

“La forma de la violencia a evolucionado”

Esta historia no es un caso particular. FASOL asiste, entre otros, a un juez que tuvo que desaparecer por recibir amenazas de muerte. Bien es verdad que los asesinatos en contra de jueces y fiscales disminuyó en los últimos años. Entre 1989 y 2013 hubo un total de 300 asesinatos, pero en el 2014 fueron aún unos siete y en el 2015 solo uno. Por el contrario, las amenazas de violencia aumentaron drásticamente.

“La forma de violencia a evolucionado”, explica Ojeda y expone, casi sínico: “antes, un juez era asesinado de una y el asunto quedaba concluido. Ahora se les amenaza con que le va a pasar algo malo a sus familiares”. En las estadísticas solo aparecen las muertes de los mismos funcionarios públicos. Las amenazas contra los parientes es, sin embargo, un medio efectivo para intimidar a la justicia.

Además, esta clase de amenaza es más difícil de restringir. Está dirigida a un circulo de personas más grande y es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona en mira, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.

La protección por parte del estado no es suficiente – o ni siquiera efectiva

El Estado, como empleador casi ni ofrece ayuda en esta clase de casos. Lo único que puede hacer un juez o un fiscal que recibe amenazas de muerte, es hacer una petición para recibir protección personal. Sin embargo, según Ojeda, el trámite de estas solicitudes tarda unas dos semanas. Muy largo tiempo si se encuentra bajo una amenaza inminente.

Encima de todo, a menudo los recursos solo alcanzan para medidas insuficientes de protección. Por ejemplo, un grupo de cinco jueces de un área rural recibió sólo un vehículo con vidrios blindados. No fueron protegidos en sus viviendas. Un pariente de uno de los jueces fue asesinado en su propio hogar. Así mismo, el proceso de aprobación es confuso y no verificable por personas ajenas al asunto. De esta manera, los funcionarios públicos son totalmente dependientes de la voluntad de las autoridades competentes.

FASOL ofrece apoyo durante este proceso, pero a su vez tiene a menudo las manos atadas. Si el desaparecer es la única salida, la organización ayuda con el traslado. Además ellos ofrecen apoyo financiero para las familias de las víctimas.

Más que sólo una ayuda financiera

Esta fue la preocupación principal de la organización en su inauguración en el año 1992. Sobre todo, los niños de los jueces asesinados deben tener la oportunidad de recibir una buena educación y en lo posible estudiar en una universidad. Cuando se comprobó que las víctimas y sus familiares estaban con frecuencia severamente traumatizados por estas experiencias, se amplió la oferta de una asistencia psicológica.

Hoy en día FASOL ofrece además de apoyo material, asesoría jurídica y ayuda concreta, ya sea con la solicitud de protección personal o con los trámites de asilo. En el futuro se fijará el foco en las medidas preventivas. Se debe concientizar a los jueces y a los fiscales de los peligros, sobre todo a quienes se encuentran en las regiones afectadas. Además se les debe informar de las ofertas de ayuda ya existentes.

El deseo de Carlos Ojeda es que algún día FASOL ya no tenga que dar más de sí. Pero él suena más triste que optimista. Él no cree que la situación llegue a cambiar con el cierre del Tratado de Paz, ya que tanto en este tratado, como en los diálogos políticos actuales no se discuten los graves problemas de la justicia. A lo mejor esto cambie cuando las negociaciones de paz culminen. 

Esta historia no es un caso particular. FASOL asiste, entre otros, a un juez que tuvo que desaparecer por recibir amenazas de muerte. Bien es verdad que los asesinatos en contra de jueces y fiscales disminuyó en los últimos años. Entre 1989 y 2013 hubo un total de 300 asesinatos, pero en el 2014 fueron aun unos siete y en el 2015 solo uno. Por el contrario, las amenazas de violencia aumentaron drásticamente.

“La forma de violencia a evolucionado”, explica Ojeda y expone, casi sínico: “antes, un juez era asesinado de una y el asunto quedaba concluido. Ahora se les amenaza con que le va a pasar algo malo a sus familiares”. En las estadísticas solo aparecen las muertes de los mismos funcionarios públicos. Las amenazas contra los parientes es sin embargo un medio efectivo para intimidar a la justicia.

Además, esta clase de amenaza es más difícil de restringir. Está dirigida a un circulo de personas más grande y es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona en mira, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.

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Traducido por: David Yañez

Artículo original: 
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/kolumbien-justiz-bedroht-fasol-richter-staatsanwaltschaft/

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Asesinan al coordinador de actos urgentes del CTI en Soledad

Asesinan al coordinador de actos urgentes del CTI en Soledad

El funcionario está identificado como José Muñoz. Al parecer, se disponía a cumplir un procedimiento de captura.

En la calle 18 con carrera 37B, barrio Costa Hermosa del municipio Soledad, fue asesinado el agente del CTI José Francisco Muñoz Gómez, de 50 años, oriundo del municipio Soplaviento (Bolívar).

El crimen se registró este viernes, al mediodía, cerca del conjunto residencial Los Mangos. Muñoz era investigador, nivel 4, y completaba siete años en el organismo.

Fuentes de la Policía informaron que, según pesquisas preliminares, se trata de un caso de sicariato.

En la actualidad, el servidor laboraba como coordinador de actos urgentes del CTI en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Soledad.

Cuando fue baleado, Muñoz Gómez estaba dentro de un carro. A un lado del vehículo quedaron ensangrentadas hojas de un expediente. Se ha conocido que, al parecer, se disponía a cumplir un procedimiento de captura.

Relato del crimen

Testigos del asesinato, que a esa hora estaban en la concurrida calle 18, narraron a EL HERALDO que seis hombres en tres motocicletas interceptaron al investigador, cuando conducía el Chevrolet Optra, de placas PFJ-979.

“Tres motos, todas con parrilleros; lo interceptan en la vía, le hacen disparos; él (Muñoz) se mete en un solar, hace una U, y allí responde al ataque; duró como unos 10 minutos hasta que patrulleros de la Policía llegaron y lo llevaron a la Porvenir”.

El agente murió antes de que fuese ingresado al centro asistencial.

Dentro del auto fueron halladas balas calibre 45.

Seguimiento y día sin moto

Fuentes consultadas indicaron que hay gran probabilidad de que los sicarios no sean oriundos de Soledad, puesto que hoy es ‘día sin moto’ en el municipio.

“Los delincuentes acá saben muy bien de esa restricción”, anotaron.

Otras informaciones señalan que la víctima había salido de la URI en Barranquilla, desde donde fue objeto de seguimiento por parte de los homicidas. 





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La fiscal que vive un calvario por juzgar a las bandas criminales

La fiscal que vive un calvario por juzgar a las bandas criminales

Sus dos hermanos fueron asesinados. Ha recibidio amenazas de supuestos integrantes del 'Clan Úsuga'.

La depresión por el asesinato de dos de sus hermanos, el destierro de tres departamentos y el temor que se repitan atentados contra su familia son los traumas que vive María Nancy Ardila Pedraza, fiscal en el norte del Valle, a quien le correspondió elevar cargos a una banda involucrada en delitos en Valle y Eje Cafetero.

Vinculada a la Fiscalía desde 1993, ejerció con los riesgos propios de su oficio sin alteración drástica a su vida. Pero en el 2012 como Fiscal 12 seccional de Caicedonia, su rigor investigativo la llevó a ‘ponerle la lupa’ a más de medio centenar de casos archivados.

Entre los procesos desarchivados estuvo el de Alexander Toro López, alias ‘El Viejo’ o ‘Alex.

De acuerdo con un expediente en la Corte Suprema de Justicia que analizó la situación de seguridad de la fiscal y recoge declaraciones suyas “logró el descubrimiento de una banda criminal liderada por Alexander Toro, donde elaboró el organigrama e identificó a los presuntos integrantes de la organización. Dada la naturaleza de las conductas, remitió el asunto a la Dirección de Fiscalías para que se asignara al caso un fiscal especializado”.

La Fiscalía logró establecer la relación de unos 40 o 50 casos de homicidios, tráficos de estupefacientes y extorsiones.

Y los casos y personas resultaron con nexos con ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, que en el Eje coptó a ‘La Cordillera’, y, en el Valle, ‘compró la franquicia’ de 'Los machos’ y desterró a ‘Los rastrojos’, y ‘La empresa’ en Buenaventura.

Contra Toro López, un juez de Buga expidió orden de captura, que se hizo efectiva en octubre de 2014 en un operativo de la Policía y el CTI en Pereira, donde también fueron capturados Diego Mauricio Cifuentes y José Sebastián Benitez.

En total fueron capturadas 25 personas de la banda de Toro, relacionadas con unos 18 homicidios en el norte del Valle y el Eje.

Pero la banda se enfocó en la Fiscal Ardila, al frente de la investigación antes de su paso a un fiscal especializado y quien estableció sus identidades. De acuerdo con las investigaciones, ordenaron asesinarla y atentar contra su familia. En diciembre de 2014, meses después de la masiva captura, se intensificaron las amenazas.

Esto la llevó a renunciar al cargo de Fiscal Seccional de Caicedonia y pasó al vecino municipio de Sevilla como jefe de Unidad en la Fiscalía.

Pero su familia seguía en Caicedonia y tres meses después de la redada en Pereira, el 20 de enero de 2015, cuando se desplazaba en motocicleta, dos hombres dieron muerte a Elio Fabio Ardila, de 44 años, hermano de la Fiscal.

Y el 13 de mayo, cuando la familia no se reponía de la muerte de Elio Fabio, al medio día, cuando almorzaba, desconocidos irrumpieron en la casa de Jhon Jairo Ardila, en Caicedonia, y delante de su mamá, lo asesinaron a tiros.

La Fiscal Ardila entabló una tutela buscando que se amparara el derecho a la vida de ella y su familia. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, concedió parcialmente el amparo otorgando la reubicación de Nancy Ardila y un hermano pero no se dijo nada de otros allegados.

Ella fue valorada por un psicólogo y le fue diagnosticado trastorno depresivo mayor por las situaciones violentas que ella y sus familiares padecieron. Y en el estudio de seguridad su caso fue considerado como de riesgo extraordinario y que era imposible residir en el Valle, Quindío y Risaralda, donde la banda opera.

La tutela llegó hasta la Corte Suprema de Justicia en donde la Sala de Casación Penal consideró que “las amenazas provenían de una persona al parecer perteneciente al denominado ‘Clan Úsuga’ y “que el agresor tiene capacidad material, medios, hombres y móvil para atentar contra la evaluada".

El 6 de abril pasado, en el norte del Valle, fueron capturadas seis personas presuntamente relacionadas con los homicidios de los hermanos de la fiscal María Nancy.
De acuerdo con la Fiscalía, se trata de José David Escudero Martínez, Juan Carlos Giraldo Delgado, Jonatan Stiven Zuluaga Cuartas, Duver Pérez Naranjo, Daniel José Gómez Martínez y Sandra Liliana Arboleda.

CALI

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Fabián Espinosa Carvajalino fue asesinado en junio del 2015.

Detienen al presunto asesino de Alex Fabián Espinosa Carvajalino

Luego de un riguroso seguimiento del grupo especial de investigación, conformado entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, tras el homicidio del sindicalista de Asonal Judicial, Fabián Espinoza, ocurrido el pasado 31 de mayo de 2015, las autoridades capturaron al homicida,  el venezolano identificado como Yeferson José Urdaneta Delgado, de 25 años.

Urdaneta quedó registrado en una cámara de seguridad de la casa de la víctima, el día en que ocurrió el asesinato con arma blanca.

Según se conoció, el agresor entró al lugar vestido con una chaqueta y luego salió con una mochila, propiedad de Espinoza, y un bolso en su mano.

Urdaneta había acompañado a Fabián a un establecimiento público, la noche anterior al homicidio.

El venezolano fue detenido por la Policía, en coordinación con Migración Colombia, cuando se estaba registrando en el hotel León de Oro, en la avenida tercera con calle sexta. 

El homicida tenía circular azul de Interpol con orden de captura por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

Al cierre de esta edición, Urdaneta era enviado a la cárcel por estos delitos.

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