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Comunicado: Aplicación de las amnistías, indultos y demás tratamientos penales especiales a los actores del conflicto armado Ley 1820 de 2016

Comunicado: Aplicación de las amnistías, indultos y demás tratamientos penales especiales a los actores del conflicto armado Ley 1820 de 2016

El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos –FASOL- en virtud del seguimiento a la implementación del acuerdo de paz suscrito el pasado 24 de noviembre entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, especialmente en lo que se refiere a la incorporación de los mecanismos de justicia transicional y su relación con la jurisdicción ordinaria y el sistema judicial vigente, realiza un llamado a los jueces penales de conocimiento y de ejecución de penas a la aplicación de la ley 1820 de 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto, tratamientos especiales y otras disposiciones” y su decreto reglamentario 277 de 2017.

Reconocemos que las amnistías, indultos y demás tratamientos especiales son un mecanismo de justicia transicional que tienen como fin alcanzar la paz y la transición pacífica, y como complemento de la justicia restaurativa se enfoca hacia la reconstrucción de los lazos sociales y la reconciliación para que los integrantes de las FARC-EP inicien su reincorporación a la vida civil. Por su parte el gobierno nacional se ha comprometido a la rápida implementación de las disposiciones del acuerdo de paz que garantizan la seguridad jurídica, física y socioeconómica de las FARC-EP.

En este sentido, uno de los actores instituciones fundamentales dentro de la implementación de los acuerdos es la Rama Judicial, la cual enfrenta una serie de desafíos en el escenario de posacuerdo entre ellos la aplicación de la amnistía de iure y la libertad condicionada por los delitos políticos y conexos consagrada tanto en la ley 1820 como en el decreto 277 de 2017. A pesar de esto, Fasol ha observado dificultades en la aplicación de esta norma respecto a dos puntos en concreto: i) la aplicación de los beneficios y tratamientos especiales por parte de algunos operadores judiciales y ii) la dificultad que ha tenido el sistema judicial al momento de acumular los procesos que cursan sobre integrantes de la guerrilla. Situaciones que minan el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz.

Por esta razón, exhortamos a los operadores/as judiciales a que en virtud de este proceso transicional en donde el Estado colombiano se ha comprometido con el otorgamiento de beneficios penales y de garantías de seguridad jurídica para los desmovilizados y las FARC-EP han realizado lo propio por medio de la entrega de armas y su compromiso a reintegrarse a la vida civil. Y en el marco de la legislación proferida para la implementación de lo acordado, a resolver lo más pronto posible la situación de los miembros de las FARC-EP privados de la libertad que son procesados por delitos políticos y conexos a nivel nacional por medio de la aplicación efectiva de las amnistías de iure y las libertades condicionadas. Así como la aplicación de los demas tratamientos penales especiales a todos los actores, en especial a los agentes del Estado, que han participado directa o indirectamente dentro del conflicto armado, de acuerdo a un tratamiento diferencial, equiibrado, simetrico, equitativo y equiibrado

Igualmente, los operadores/as judiciales encargados de aplicar esta ley deben contar con la debida protección a su independencia judicial para que como jueces/as cuenten con todas las garantías de imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas de diferentes sectores o por cualquier motivo. En este sentido, observamos con preocupacion el borrador de decreto del Ministerio de Justicia y el Derecho por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistia e indulto y tratamientos especiales.

Para ver el decreto: http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Proyectos_Decretos/Proyecto%20de%20Decreto%20reglamentario%20de%20la%20Ley%201820%20de%202016.pdf



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Óscar Pérez

“Con la vida de los jueces no se juega”: Néstor Correa, magistrado de la Judicatura

El mismo día que Pedro Manrique* se convirtió en juez de restitución de tierras en Quibdó (Chocó) entró en la lista de “objetivos militares” de las Águilas Negras. Su sentencia de muerte la recibió en un panfleto firmado por ese grupo paramilitar en mayo de 2012 y, como una manera de reprimir la amenaza, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de seguridad. Una medida de protección que ha sido otorgada a la mayoría de jueces y magistrados del país que se encargan de devolver las tierras que fueron despojadas en medio del conflicto. Lastimosamente, en Colombia no es nuevo que un juez sea amenazado. Lo que pasa ahora, sin embargo, es que están perdiendo el mecanismo de defensa que les permite trabajar: sus esquemas de protección.

En una carta que le hicieron llegar al presidente Juan Manuel Santos la semana pasada, 26 jueces y magistrados de restitución de todo el país le solicitaron que tome medidas puntuales en el asunto para la protección de los funcionarios judiciales. “Después de casi cinco años de implementación de la política pública de Restitución de Tierras y Derechos Territoriales, los magistrados y jueces nos encontramos algunos con medidas de protección deficientes e ineficaces respecto al real riesgo inherente de nuestra función pública”, dice el escrito de cinco páginas conocido por El Espectador.

Además de alertar a la Presidencia sobre el retiro de los esquemas de seguridad de varios jueces y magistrados en todo el país, los autores de la carta aseguran que hoy en día el riesgo que corren es todavía más alto por la presencia y las presiones de estructuras de grupos armados ilegales, testaferros y colaboradores. Con el retiro del personal de seguridad, añade la misiva, “nos están sometiendo a la zozobra permanente de tener esquemas de seguridad que no se compadecen con el riesgo que supone quitarle la tierra a ilegales y testaferros”. A Pedro Manrique, por ejemplo, este año le retiraron su escolta y no tiene el celular que le asignaron en 2012. En esta misma situación están por lo menos 10 jueces y magistrados más.

Para Juan Carlos Betancur, experto en temas de restitución, hay otro problema diferente al retiro de los esquemas de seguridad. “En muchos casos, vemos que la UNP asigna una camioneta y un escolta, pero para tres magistrados de una misma sala. Yo pregunto: ¿Cómo hace una sola persona para proteger a tres funcionarios si todos tiene diligencias y casos en diferentes puntos de una ciudad?”, puntualizó Betancur, quien además señala que hay una diferencia entre la manera como la Rama Judicial y la UNP entienden el riesgo que corren los magistrados y jueces.

Para la Unidad, se trata de un riesgo ordinario y cada caso debe someterse a una evaluación de riesgo para que un comité interdisciplinario decida si es necesario o no el esquema de protección y cuál es la mejor manera de prestar el servicio. “La Rama Judicial, en cambio, parte de la base de que todos los jueces y magistrados de restitución de tierras tiene un riesgo extraordinario y que el Estado debe proteger a cualquier persona que, por su cargo público y su sacrificio para proteger a los más necesitados, ponga su vida en riesgo”, señaló Juan Carlos Betancur.

“No es un capricho que la Unidad Nacional de Protección esté retirando los esquemas de seguridad. Lo que estamos haciendo es revaluar caso por caso para determinar si es o no necesario seguir prestando el servicio”, le dijo a este diario un funcionario de la UNP. Sin embargo, para quienes han seguido de cerca la situación, la reducción de los escoltas, camionetas y otros mecanismos de seguridad se debe a un recorte del presupuesto que este año recibió la Unidad. El problema es que, mientras los esquemas se reducen, las agresiones, las amenazas y el miedo no desaparecen.

Un juez de Pereira, por ejemplo, fue perseguido por cuatro hombres encapuchados en una camioneta antes de que le robaran su computador, el celular y una tableta, y que le destruyeran todos los vidrios de su carro. El tema llegó a las oficinas de la UNP y, como respuesta al ruego del funcionario para que le mejoraran su seguridad, lo único que recibió fu un celular tipo Avantel. Para Néstor Correa, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y el encargado para temas de restitución, el asunto es de extrema gravedad pues a diario está recibiendo oficios y comunicaciones de los 40 jueces y 15 magistrados que tratan el tema en el país.

La carta de los 26 funcionarios, fechada el 3 de mayo de 2016, fue enviada la semana pasada a la Presidencia. Hasta ahora, ni la UNP ni el Ministerio del Interior, entidad que se ha hecho cargo en pasadas ocasiones, tiene conocimiento del contenido. “Creemos que puede ser falta de presupuesto en la UNP. Pero de todas maneras, deberían hacer un esfuerzo especial”, afirmó el magistrado Néstor Correa, quien resalta la necesidad de un sistema de protección serio para las personas que se encargan de devolverles las tierras a quienes las perdieron por la guerra. El magistrado recuerda: “Con la vida de los jueces no se juega”.

* Nombre modificado por seguridad.

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