Interés General


En Colombia la justicia está en peligro

En Colombia la justicia está en peligro

Investigaciones a costa de la propia vida y la familia

18.11.2016

Por Anne Schneiderhan

Lejos de los tratados de paz en la Habana, jueces y fiscales colombianos arriesgan con su trabajo sus vidas y las de sus familiares. Anne Schneiderhan visitó la organización humanitaria que se encarga de estos juristas.

El Presidente Juan Manuel Santos recibirá el Premio Nobel de la Paz de este año por sus esfuerzos por conseguir la paz en Colombia. Pese a que a comienzos de octubre del 2016 el Tratado de Paz con el grupo guerrillero las FARC fue rechazado por la población con una ligera mayoría, las negociaciones no se cesarán. Aún hay esperanza de que llegue el fin de una guerra civil prolongada por más de 50 años. El cierre de paz entre el gobierno y las FARC es el paso correcto y además importante.

Sin embargo, indiscutiblemente no es la solución perfecta para los problemas del país. Los jueces y los fiscales se ven obligados a enfrentarse con frecuencia en su labor cotidiana contra la corrupción, la intimidación y las amenazas. Sobre todo en el campo, la justicia se encuentra sin protección y a la merced de las maquinaciones de bandas criminales.

En el año 2015 hubo un total de 65 actos registrados de violencia dirigida directamente a jueces o a fiscales. La organización no gubernamental FASOL (Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos) es la única organización que se encarga de manera deliberada de las víctimas de esta violencia que va en contra de la justicia. Durante mi visita en las oficinas en el centro de la capital, Bogotá, fui cordialmente recibida por el director Carlos Ojeda. Él y Julián Salazar, el consejero jurídico, me explicaron la historia de la ONG, así como los problemas ante los que se están enfrentando en la actualidad. En particular, la trágica historia de una fiscal del departamento del Valle del Cauca fue impresionante.

Frecuentes asesinatos por bandas criminales

La fiscal, que por motivos de seguridad debe permanecer anónima, entabló investigaciones contra 30 miembros de una banda armada que eran conocida por pertenecer al Clan Úsuga; muy presente y temido en toda Colombia. Gracias a los esfuerzos de La fiscal, ocho personas fueron detenidas. Al principio fue celebrada por sus superiores como una indagadora ejemplar. Pero cuando ella recibió amenazas de muerte en contra de sí misma y de su familia, y por consiguiente pidió protección personal a las autoridades competentes, la gente comenzó a distanciarse pronto de ella.

Aún antes de que la solicitud de protección personal fuese tramitada, los criminales ya habían matado a tiros a dos de sus hermanos. Poco después su madre apenas se salvó de otro intento de asesinato. La fiscal y 15 de sus parientes tuvieron que abandonar su pueblo por miedo a perder sus vidas. Desde hace tres años viven en clandestinidad, desplazados de su hogar y aún siguen siendo amenazados. Apenas hace pocos meses dos miembros de su familia regresaron cerca a su pueblo natal. Solo por un golpe de suerte se pudo prevenir que los asesinaran.

A la vehemente fiscal le afecta muy duro el que no pueda continuar ejerciendo su carrera y sufre de una depresión severa. No recibe apoyo alguno por parte del estado. FASOL es el único lugar de donde ella recibe ayuda alguna. Ahora todos están a la espera de que ella y su familia reciban asilo político en el exterior, siendo esto su único escape por el momento. 

“La forma de la violencia a evolucionado”

Esta historia no es un caso particular. FASOL asiste, entre otros, a un juez que tuvo que desaparecer por recibir amenazas de muerte. Bien es verdad que los asesinatos en contra de jueces y fiscales disminuyó en los últimos años. Entre 1989 y 2013 hubo un total de 300 asesinatos, pero en el 2014 fueron aún unos siete y en el 2015 solo uno. Por el contrario, las amenazas de violencia aumentaron drásticamente.

“La forma de violencia a evolucionado”, explica Ojeda y expone, casi sínico: “antes, un juez era asesinado de una y el asunto quedaba concluido. Ahora se les amenaza con que le va a pasar algo malo a sus familiares”. En las estadísticas solo aparecen las muertes de los mismos funcionarios públicos. Las amenazas contra los parientes es, sin embargo, un medio efectivo para intimidar a la justicia.

Además, esta clase de amenaza es más difícil de restringir. Está dirigida a un circulo de personas más grande y es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona en mira, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.

La protección por parte del estado no es suficiente – o ni siquiera efectiva

El Estado, como empleador casi ni ofrece ayuda en esta clase de casos. Lo único que puede hacer un juez o un fiscal que recibe amenazas de muerte, es hacer una petición para recibir protección personal. Sin embargo, según Ojeda, el trámite de estas solicitudes tarda unas dos semanas. Muy largo tiempo si se encuentra bajo una amenaza inminente.

Encima de todo, a menudo los recursos solo alcanzan para medidas insuficientes de protección. Por ejemplo, un grupo de cinco jueces de un área rural recibió sólo un vehículo con vidrios blindados. No fueron protegidos en sus viviendas. Un pariente de uno de los jueces fue asesinado en su propio hogar. Así mismo, el proceso de aprobación es confuso y no verificable por personas ajenas al asunto. De esta manera, los funcionarios públicos son totalmente dependientes de la voluntad de las autoridades competentes.

FASOL ofrece apoyo durante este proceso, pero a su vez tiene a menudo las manos atadas. Si el desaparecer es la única salida, la organización ayuda con el traslado. Además ellos ofrecen apoyo financiero para las familias de las víctimas.

Más que sólo una ayuda financiera

Esta fue la preocupación principal de la organización en su inauguración en el año 1992. Sobre todo, los niños de los jueces asesinados deben tener la oportunidad de recibir una buena educación y en lo posible estudiar en una universidad. Cuando se comprobó que las víctimas y sus familiares estaban con frecuencia severamente traumatizados por estas experiencias, se amplió la oferta de una asistencia psicológica.

Hoy en día FASOL ofrece además de apoyo material, asesoría jurídica y ayuda concreta, ya sea con la solicitud de protección personal o con los trámites de asilo. En el futuro se fijará el foco en las medidas preventivas. Se debe concientizar a los jueces y a los fiscales de los peligros, sobre todo a quienes se encuentran en las regiones afectadas. Además se les debe informar de las ofertas de ayuda ya existentes.

El deseo de Carlos Ojeda es que algún día FASOL ya no tenga que dar más de sí. Pero él suena más triste que optimista. Él no cree que la situación llegue a cambiar con el cierre del Tratado de Paz, ya que tanto en este tratado, como en los diálogos políticos actuales no se discuten los graves problemas de la justicia. A lo mejor esto cambie cuando las negociaciones de paz culminen. 

Esta historia no es un caso particular. FASOL asiste, entre otros, a un juez que tuvo que desaparecer por recibir amenazas de muerte. Bien es verdad que los asesinatos en contra de jueces y fiscales disminuyó en los últimos años. Entre 1989 y 2013 hubo un total de 300 asesinatos, pero en el 2014 fueron aun unos siete y en el 2015 solo uno. Por el contrario, las amenazas de violencia aumentaron drásticamente.

“La forma de violencia a evolucionado”, explica Ojeda y expone, casi sínico: “antes, un juez era asesinado de una y el asunto quedaba concluido. Ahora se les amenaza con que le va a pasar algo malo a sus familiares”. En las estadísticas solo aparecen las muertes de los mismos funcionarios públicos. Las amenazas contra los parientes es sin embargo un medio efectivo para intimidar a la justicia.

Además, esta clase de amenaza es más difícil de restringir. Está dirigida a un circulo de personas más grande y es más difícil de proteger. No en todos los casos termina con la renuncia del cargo de la persona en mira, sino que se puede prolongar por un tiempo indefinido, intimidando así a familias enteras. Sobre todo bandas criminales que no pertenecen a ninguna guerrilla política, sino que solo buscan un beneficio de carácter económico, se aprovechan del desamparo de la justicia en las áreas rurales, para así imponer su dominio.

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Traducido por: David Yañez

Artículo original: 
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/kolumbien-justiz-bedroht-fasol-richter-staatsanwaltschaft/

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¿Por qué el 22 de junio se celebra el Día del Abogado?

¿Por qué el 22 de junio se celebra el Día del Abogado?

¿Se ha preguntado por qué cada 22 de junio se celebra el Día del Abogado en Colombia? Pregúntele a un colega, a un compañero de clase o a un profesor y, en la mayoría de los casos, es probable que no coincidan.

Si cree que esta fecha coincide con el natalicio de un prominente jurista colombiano, ¿sabe acaso de quién se trata? ¿Cuál es su legado?
Ámbito Jurídico acerca a la comunidad jurídica la más probable explicación sobre un hecho en el que no hay unanimidad, ni absoluta certeza.

Origen

Todo parece indicar que en Colombia se instituyó el día de los abogados en conmemoración de José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, un venezolano que hace parte de la historia por haber sido el primer presidente de Venezuela tras la declaración de independencia.

El eminente jurisconsulto no solo fue el primero en presidir el triunvirato del poder Ejecutivo establecido por el Congreso de 1811, sino que, además, formó parte de la asamblea constitucional que diseñó y promulgó la primera Constitución de Venezuela, ese mismo año.

Sin embargo, este personaje nació un 23 de junio y no un 22. De hecho, nuestro país vecino adoptó su fecha de nacimiento para homenajear a los profesionales del Derecho también en su honor y, sin lugar a dudas, con razones de sobra.

Pero en Colombia, al parecer, por algún motivo la fecha se trastocó. Algunos señalan que los medios de comunicación son los “culpables” de esta variación por una equivocación que fue sostenida durante años hasta hoy, mientras que otros aducen razones mucho más personales. No obstante, nadie sabe con exactitud ni el por qué ni desde cuándo.

Lo cierto es que el homenaje al ejercicio de la abogacía en Colombia no es en honor a un compatriota o a un hecho que nos haya marcado jurídicamente como Nación. Y no habernos preguntado antes el por qué puede ser la razón de la falta de reconocimiento de valerosos colegas que a lo largo de nuestra historia han sido merecedores de recordarnos la nobleza de la profesión.

Día del abogado en otros países

Precisamente, el festejo en otras latitudes rememora acontecimientos y personajes locales. México, por ejemplo, lo celebra el 12 de julio desde 1960, porque un día como ese, pero en el año 1553, fue dictada la primera cátedra de Derecho en México y América Latina en la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del licenciado Bartolomé Frías y Albornoz.

Por su parte, la fecha en Ecuador surgió con base en la reunión sostenida por un grupo de juristas de renombre e integrantes de la Academia de Abogados de Quito, que un 20 de febrero del año 1945 se reunieron para conmemorar el primer centenario del natalicio del jurista, profesor, literato, publicista y escritor Luis Felipe Borja.

En Argentina, los abogados honran su profesión cada 29 de agosto, desde 1958, en homenaje a Juan Bautista Alberdi, autor del texto que serviría de pilar para la redacción de la Constitución de 1853.

A su vez, San Ivo, conocido como el patrono de los abogados y “el abogado de los pobres”, es quien sustenta la conmemoración en algunos países de Europa, cada 19 de mayo.  

Todo lo anterior sirve para plantear una inquietud: ¿Podemos modificar la fecha? De ser así, ¿Cuál sería?

El día que se promulgó la Constitución Política de 1991, la fecha en que se inauguró la primera facultad de Derecho o cuando se dictó la primera clase son opciones válidas. O, si de rememorar el nacimiento de nuestros juristas se trata, ¿por qué no el de Carlos Gaviria Díaz, Vladimiro Naranjo o Arturo Valencia Zea?

Nota original: http://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/educacion-y-cultura/por-que-el-22-de-junio-se-celebra-el-dia-del-abogado

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¡LA JUSTICIA EN VENTA!

¡LA JUSTICIA EN VENTA!

Hace poco realizamos en el Valle del Cauca el primer encuentro de los observatorios para la protección y prevención a la justicia en este departamento. La convocatoria tuvo gran acogida, funcionarios y empleados de diferentes especialidades, entre ellas restitución de tierras y la jurisdicción penal, acogieron nuestro llamado. Quizás este espacio funcione como catarsis para que los funcionarios de la rama judicial expongan sus problemáticas. Sin embargo, no es fácil enfrentarse a tantas complejidades que atraviesa la administración de justicia colombiana: la falta de personal, de instalaciones, de insumos y herramientas para desarrollar los procesos, entre otros.

Se podría suponer que un Estado de Derecho como el Colombiano la justicia es totalmente incólume e independiente, pero esto es solo una realidad que se divisa en el papel de la constitución. La justicia es un actor más de la multiplicidad de actores que se encuentran en el territorio –actores institucionales e ilegales-, especialmente en las regiones, en los municipios, en donde se entretejen relaciones entre ellos: la justicia recibe mensajes de cada uno de estos -para ser más explícitos- presiones que terminan generando una injerencia determinante en sus decisiones y soslayando la independencia judicial. En este sentido, la justicia no es ajena a la sinergia que generan estos actores en el territorio y al hacerla un jugador más dentro del campo, cobra un papel totalmente activo y preponderante, tanto por la importancia de sus decisiones como por su rol fundamental en la institucionalidad.

Para mi asombro, en este campo dialógico la justicia se encuentra permeada por los grupos de poder económico imperantes en la zona, es lamentable que un despacho por su falta de infraestructura y de insumos, tengan que aceptar apoyo logístico (construcción de salas de audiencias, computadores y modulares para oficinas) para lograr en los más mínimo con su labor de administrar justicia. En últimas, esto no es más ni menos, que un financiamiento económico por parte de grupos económicos en el Valle del Cauca.

¡La justicia está en venta! El único mensaje que envía este fenómeno de financiamiento económico a los despachos judiciales, es que los grupos de poder económico se blinden frente a futuras investigaciones, no es más que una dadiva que busca socorrer este déficit de recursos humanos y físicos, la cual no es a título gratuito, es una forma flagrante de incidir directamente sobre la administración de justicia: “cómo voy a juzgar a estas personas si proveen recursos para el funcionamiento del despacho”. Lo que termina por vedar totalmente la independencia judicial y cooptando la justicia local quedando totalmente maniatada para iniciar procesos en contra de estas personas o grupos. Y como dice el dicho: la necesidad tiene cara de perro. 

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