Interés General


Comunicado situación JEP

Comunicado situación JEP

BOGOTÁ - MAYO 2018
 
La apertura al público el pasado jueves 15 de marzo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), constituye un hecho histórico para la sociedad colombiana. A pesar de las dificultades políticas y de los desafíos a nivel territorial, legislativo e institucional de la implementación del Acuerdo de Paz, y en especial, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR) es un gran avance que el componente de justicia de este sistema se encuentre en funcionamiento y con sus puertas abiertas al público.

Para el funcionamiento e implementación de la JEP y otros componentes del Acuerdo de Paz fue creado el Fondo Colombia en Paz (decreto 891 del 27 de abril de 2017), el cual estaría a cargo de administrar y canalizar los recursos de Estados y Agencias de Cooperación para los propósitos anteriores. En efecto, gran parte del funcionamiento de la JEP durante el año 2017 proviene del Fondo Multidonante de las Naciones, éste hace parte del Fondo Colombia en Paz y es administrado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM). Este proyecto tenía tres objetivos específicos: el diseño y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y la JEP, diseño del sistema de la información de la JEP; finalmente, apoyo a la participación de víctimas en los diferentes órganos de la JEP, así como la interlocución con estas y sus organizaciones.

Una vez fue nombrada Patricia Linares presidenta de la JEP y los demás magistrados/as de las diferentes salas, inició una discusión al interior del sistema de justicia respecto del mecanismo de gobierno que tendría este sistema, ya que según Néstor Raúl Correa (Secretario Ejecutivo), éstos pretendían retirarle funciones a la secretaría ejecutiva que habían quedado en el Acto legislativo 01/2017 y en la ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP y que estas reposarían en ciertos magistrados. Lo cual conllevó a generar tensiones entre el secretario ejecutivo y la presidenta. Adicionalmente, se presentó un llamado por parte de la Contraloría General de la Republica a la Secretaría para la presentación de un informe de rendición de cuentas sobre los dineros ejecutados del Fondo Multidonante, informe que no satisfizo los estándares de rendición de cuentas de la Contraloría, y que según Correa éste debería ser presentado a fondo por parte de la Dra. Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz.

El pasado mes de marzo el secretario presentó su renuncia, la cual fue aceptada el 12 de abril por el tribunal. Según declaraciones del señor Néstor Raúl Correa su función ya había culminado logrando poner en funcionamiento gran parte de la JEP: se había logrado la consecución de la sede donde funcionaria este sistema de justicia, la contratación de personal, la seguridad para los magistrados/as y la logística para su apertura y se habían ejecutado con total transparencia los recursos destinados por el Fondo Multidonante para la implementación de la JEP.

Posteriormente a la renuncia del secretario, se comenzaron a develar una serie de irregularidades cometidas por el señor Correa durante su administración por parte de la presidenta de la JEP. Por medio de un comunicado institucional se estableció que el señor Correa se encontraba presionando a los magistrados/as para que adoptarán su modelo de gobierno y no el que pretendían los recientes magistrados. Inclusive el señor Correa los amenazó con dar a conocer la opinión pública una serie de correos que habían cruzado con el Ministro de Justicia y el Derecho donde exponían una serie de conceptos jurídicos acerca del sistema de gobierno de esta jurisdicción, correos que según Patricia Linares fueron obtenidos de manera ilegal. Ya que, según él, poner los conceptos de los magistrados en conocimiento del gobierno era irregular.

Adicionalmente, el comunicado de la presidenta del tribunal realiza una fuerte crítica respecto de la ejecución de los recursos en la administración del señor Correa, ya que hasta la fecha no se cuenta aún con la logística adecuada para que los magistrados/as comiencen su trabajo, la contratación de personal adicional al que estaba establecido (se debían contratar 100 personas y se contrataron 163), la falta de sistemas de seguridad y protección para los magistrados/as. La secretaría tampoco avanzo en el sistema de representación legal de las víctimas, sistema de apoyo psicosocial para las víctimas, sistema de monitoreo y vigilancia de personas beneficiadas con libertad condicional y el sistema autónomo de defensa de los excombatientes de las FARC.

Por esta razón, observamos con amplia preocupación que estas declaraciones trascienden más allá que una diferencia de criterios sobre el mecanismo de gobierno de la JEP, son hechos que deben ser investigados disciplinaria y penalmente. Como en diferentes informes la Corporación ha insistido que la JEP debe tomar todas las medidas necesarias para no adolecer de las mismas vicisitudes de las cuales padece la Jurisdicción Ordinaria. No es conveniente que la JEP se torne en un escenario político donde se entren a dirimir conflictos y generar acusaciones por medio de la opinión publica respecto del mandato y función de cada uno de los órganos que compone este sistema de justicia, más aún cuando las víctimas que son la columna vertebral del Acuerdo.

Desde la Corporación instamos a la Jurisdicción Especial de Paz para que continúe fortaleciendo su sistema de rendición de cuentas, en donde establezcan los recursos que se han invertido en esta Jurisdicción, la planta de personal que labora allí, los casos que ingresan y su ruta dentro de la jurisdicción. Este deber de la judicatura es fundamental como una práctica de transparencia respecto de su quehacer en el ejercicio de la función pública deadministrar justicia, así como una forma de evidenciar los resutados hacia la sociedad. Por otro lado, es pertinente que la ciudadania exija y monitoreé el comportamiento de los funcionarios y organismos públicos para garantizar que se respete la ley.

Respecto de la interceptación de correos por parte del señor Correa, sí la presidenta del tribunal sustenta que fueron obtenidos de forma ilegal es imperioso que presente la denuncia respecto de este hecho con todo el material probatorio que la sustente con el fin de que no quede un manto de sospecha entre la sociedad y las vícitmas. Consideramos que estos hechos afectan la legitimidad de la JEP, así como su confianza por parte de la ciudadanía y las víctimas que esperan que este tribunal garantice sus derechos a la verdad y la justicia y no se quede en pugnas políticas que en nada contribuyen a zanjar las heridas que ha dejado el conflicto armado. Por lo tanto, es imperioso que estos hechos se aclaren de la forma mas transparente posible por medio de los canales judiciales e institucionales pertinentes para levantar cualquier duda sobre el funcionamiento de la JEP y las demás instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición.

A pesar de esta situación creemos en la importancia de seguir trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil y las Agencias de Cooperación en el fortalecimiento de la legitimidad de la JEP, para que obtenga la confianza suficiente por parte de la ciudadanía y las víctimas de que será un tribunal que contribuirá a cerrar las heridas dejadas por este largo conflicto armado y aportará para la consecución de una paz estable y duradera.

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