Interés General


Un año de búsqueda incansable

Un año de búsqueda incansable

Un año después de que Andrés Felipe Mejía agente del CTI desapareciera en la espesa selva del Guaviare, queremos rescatar la valentía, constancia y fortaleza de su familia. Esa persistencia por saber el paradero de Andrés Felipe sólo se puede entender desde el amor que le tienen y la esperanza de poder conocer la verdad lo antes posible. Una y otra vez han soportado la indiferencia del gobierno, la manipulación de la información, la falta de avances en la investigación y el absurdo oportunismo de estafadores.

Hoy cómo cada día en la Corporación Fasol recordamos a Andrés Felipe y le enviamos un mensaje lleno de solidaridad, con toda la fuerza que nos da el ejemplo de su familia con la que nos comprometemos a no dejar sola en este duro camino. Esperamos que los pasos de la búsqueda no se desvíen más y pronto podamos ver los frutos de la lucha por la vida y la libertad que la familia Mejía libra todos los días desde hace un año…

Así mismo enviamos un mensaje al gobierno nacional para que aumente los esfuerzos en la búsqueda del agente Andrés Felipe Mejía y exija a los que tengan información de su paradero la entreguen a las autoridades y familiares y así poder acabar con el suplicio de una familia que lo único que espera del estado es que le responda por un funcionario que trabajaba comprometido con la institución.

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Si hubo responsabilidad del ejército en masacre de 11 funcionarios judiciales

Si hubo responsabilidad del ejército en masacre de 11 funcionarios judiciales

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por negligencia en la cruenta matanza  de 11 funcionarios judiciales en San Carlos de Guaroa (Meta) ocurrida el 3 de octubre de 1997, protagonizada por Martín Llanos  y al parecer con la ayuda de miembros del ejército nacional.

"Llanos ya fue condenado a 38 años de prisión por estos hechos. El Consejo de Estado adicionalmente sostuvo que por parte del Ejércitohubo un comportamiento negligente y descuidado en cuanto a la atención de los deberes de planeación, protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios y a los demás que conformaban la comisión judicial para el momento del hecho dañoso”.

Según el alto tribunal, el Ejército incurrió en varios errores y fue negligente en los esquemas de seguridad poniendo en riesgo a los miembros de la comisión, que se encontraban realizando una inspección a la finca El Alcaraván, de propiedad del narcotraficante Gustavo Soto García. “Aun cuando se advirtió acerca de los peligros que suponía regresar por la misma ruta por la cual se había ingresado a la zona, el mayor del Ejército que estaba a cargo de la seguridad de la comisión (Juan Carlos Figueroa) hizo caso omiso a esta advertencia y decidió tomar la vía que se había utilizado inicialmente, circunstancia que constituye un error en el procedimiento militar y que sin duda contribuyó a la ocurrencia de los resultados fatales ya conocidos”, señaló el fallo.

A esto se suma que la Fuerza Pública se demoró cuatro horas en enviar refuerzos para repeler el ataque de los paramilitares, al parecer por negligencia de las autoridades, y hasta un día en recoger a los heridos. De acuerdo con los testimonios de algunos de los sobrevivientes, “de haberse brindado de manera oportuna el apoyo solicitado, seguramente se hubiere evitado el segundo enfrentamiento y con ello las consecuencias fatales ya conocidas”. La Fiscalía investiga al general (r) Jaime Humberto Uscátegui y al coronel (r) Luis Felipe Molano por su presunta responsabilidad en estos hechos. Llanos —responsable junto con su padre y su hermano del baño de sangre que durante años se vivió en los Llanos Orientales— fue detenido el 6 de febrero de 2012 en Anzoátegui (Venezuela) y desde entonces se encuentra preso por su responsabilidad en otras matanzas y varios crímenes selectivos.

En lo que a la masacre de San Carlos de Guaroa concierne, las autoridades no han podido demostrar que Llanos haya contado con la ayuda de la Fuerza Pública para asesinar a estos 11 funcionarios judiciales. No obstante, fue un error del Ejército el que dejó a estas 11 personas a merced de la barbarie del exjefe paramilitar y a la Rama Judicial expuesta ante un nuevo ataque contra su integridad que sigue desprotegida y sin garantías reales para ejercer la justicia en Colombia.

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