Buscamos Coordinador del área jurídica

Buscamos Coordinador del área jurídica

TÉRMINOS DE REFERENCIA ASESOR JURÍDICO


Título del cargo: Coordinador del área jurídica y de prevención

Tipo de Contrato: Contrato a término fijo

Lugar de trabajo: Sede en Bogotá D.C., con visita a las regiones de influencia del proyecto.

Duración del contrato: Hasta el 31 de julio de 2019. Periodo de prueba de dos (2) meses.

Remuneración: $2.700.000 mensual.


PERFIL REQUERIDO

A. Profesional universitario titulado en Derecho, con experiencia de uno (1) a dos (2) años.

B. Conocimiento e interés en el campo de los Derechos Humanos y justicia transicional.

C. Capacidad de análisis de contexto local, regional y nacional.

D. Conocimiento e interés en los acuerdos de Paz y su implementación, especialmente en el punto cinco “víctimas” y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.

E. Conocimiento del sistema judicial colombiano y su oferta de justicia en los territorios, así como el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.


CONTEXTO

La Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos -FASOL-, se sustenta en el principio democrático de la independencia judicial, y en el valor de la solidaridad, con el fin de brindar estrategias de prevención y atención integral a funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía, que por su condición de operadores de justicia y ser garantes de los derechos de la población en los territorios, afrontan graves violaciones a los Derechos Humanos.

El conflicto armado colombiano no ha sido ajeno a los operadores de justicia al cumplir su función, bajo este contexto, su vida, su integridad, seguridad e independencia, es puesta en riesgo. Esta es la principal razón por la cual esfuerzos conjuntos de organizaciones y la iglesia católica encuentran solidaridad internacional y hace 26 años se crea Fasol como única entidad que apoya a la población víctima perteneciente al sector judicial.

Actualmente desarrollamos un Proyecto Trienal (01 de agosto del 2016 – 31 de julio de 2019) financiado por la agencia de cooperación internacional MISEREOR y la asociación de jueces alemanes DRB principalmente y que cuenta con cuatro (4) líneas de trabajo:

- Prevención y Protección a funcionarios y empleados judiciales.

- Atención Integral a funcionarios y empleados judiciales víctimas de la violencia.

- Proyección social de las comunidades destinatarias del proyecto.

- Fortalecimiento y visibilización institucional.


OBJETIVOS DEL PROYECTO REFERENTES AL CARGO

El objetivo de desarrollo del proyecto es la atención de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos pertenecientes al Poder Judicial y sus familias; la prevención de la violencia y su reparación.

Funcionarios y empleados del Poder Judicial en potencial riesgo de amenazas y/o presiones, reaccionan de manera pertinente frente a las situaciones de riesgo

Víctimas vinculadas a FASOL han restablecido sus proyectos de vida y/o han mitigado el riesgo.

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS:

1.- Elaboración de materiales y guías para los diagnósticos. 2.- Abrir espacios ante las ONGS. Y pertenecer a la Red de Derechos Humanos. 3.- Interlocución en Organizaciones de Derechos Humanos y embajadas, organizaciones internacionales, nacional y entidades del estado que se requieran para el óptimo desempeño del  área. 4.- Realizar denuncias Nacionales e Internacionales cuando sea pertinente. 5.- Participar en el Comité de Seguridad para el estudio de los casos de amenazados, entregar los informes para realizar la respectiva valoración. 6.- Representar la corporación Fasol en espacios institucionales e interlocutar con otras organizaciones de carácter nacional e internacional de Derechos Humanos, de acuerdo a la responsabilidad. 7.- Consolidar y mantener al día el Banco de Datos. 8.- Realizar asesorías jurídicas y debidos procedimientos en casos específicos. 9.- Preparar la documentación de los respectivos casos de seguridad para presentarlos a las Embajadas. 10.- Preparar documentos de mecanismos de protección o de mecanismos de defensa jurídica. 11.- Estudiar conjuntamente con otras organizaciones las diferentes denuncias y demandas administrativas. 12.- Apoyar a la Corporación con los temas jurídicos cuando sean requeridos. 13.- Cumplir con el código ético profesional y las normas corporativas. 14.- Mantener permanente seguimiento de los casos que llegan a la Corporación. 15.- Coordinar actividades de información, asesorías y ejecución para solicitar derechos adquiridos por los o las integrantes de FASOL. 16.- Las demás que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del área. 17.- Apoyar las auditorias desde los aspectos jurídicos. 18.- Apoyar en caso de ser necesario las áreas de la Corporación como son los talleres, encuentros regionales y nacionales. 19. Coordinar los observatorios regionales para protección y prevención de la justicia.-

ENVIAR DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

Sede de Fasol: Calle 30 A # 6 -22 Oficina 2602 – Bogotá

Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Teléfonos: (1) 2450228 – 3107997864

FECHA LIMITE DE ENTREGA

Agosto 03 de 2018

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Comunicado Atentado en Tumaco

Comunicado Atentado en Tumaco

El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos -FASOL- repudia y condena los hechos sucedidos el día de ayer donde fueron asesinados Douglas Dimitri Guerrero, Willington Montenegro Martínez y Jaír Alfonso Montenegro Galindes, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía General de la Nación, los cuales se dirigían de Pasto a Tumaco y fueron interceptados por el grupo armado ilegal Oliver Sinisterra el cual está al mando de Walter Patricio Arizala alias “Guacho”. Según hipótesis preliminares de la Fiscalía alias Guacho habría ordenado el ataque a la comisión de investigadores que se encontraba en desplazamiento.

Desde FASOL observamos con preocupación la escalada de violencia que ha venido sucediendo, en particular en el departamento de Nariño, y en general en todo el territorio Colombiano. Esto debido a que las zonas donde ha quedado un vacío de poder que anteriormente eran de incidencia de la guerrilla de las FARC-EP, se han tornado en zonas de disputa entre disidencias de esta guerrilla, que surgieron luego de la firma del Acuerdo de Paz, el ELN y organización criminales que persisten en el negocio del narcotráfico y se han convertido en el enlace con los carteles trasnacionales de comercio de drogas ilícitas.

El recrudecimiento de la violencia por estos actores armados organizados ha atacado sistemáticamente a las comunidades y a sus lideres que se abanderaron de la construcción de paz en los territorios, y ahora arremeten contra la institucionalidad y los órganos encargados de investigar y judicializar los hechos violentos de graves violaciones a los derechos humanos por parte de estas organizaciones criminales. De esta forma, la atroz masacre sucedida el día de ayer tiene un único objetivo: pretender borrar la huella de sus crímenes impidiendo las investigación y juicios, en últimas, una estrategia de obstrucción de la justicia para generar impunidad.

Una vez más la administración de justicia se encuentra sometida a las dinámicas de la violencia que minan su independencia judicial y ponen en riesgo la vida, la seguridad y la integridad personal de sus miembros. En la medida, que la situación de violencia perviva en los territorios y actores armados impidan su funcionamiento, le es mucho más complejo cumplir su función esencial y consolidarse como un actor fundamental en la construcción de paz.

Por esta razón, las organizaciones suscritas exigimos al Gobierno Nacional que sea implementada una estrategia integral para proteger a las comunidades y sus líderes que se encuentran en estos territorios, así como a la instituciones y operadores de justicia que se encargar de velar por los derechos de la población en los territorios. Asimismo, exhortamos a la Fiscalía General de la Nación para que avance lo más rápido posible en la investigación del caso, con el fin de esclarecer el móvil de estos hechos.

Desde FASOL extendemos nuestra solidaridad a las familias de los funcionarios que perdieron la vida en estos condenables hechos y de acuerdo a nuestra misión desplegaremos todos nuestros recursos humanos y técnicos para brindar una atención integral a las familias; y reafirmamos nuestro compromiso por continuar en la lucha de defender la independencia judicial, la vida y seguridad de los operadores de justicia.



FASOL
Fondo de solidaridad con los jueces colombianos


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Comunicado situación JEP

Comunicado situación JEP

BOGOTÁ - MAYO 2018
 
La apertura al público el pasado jueves 15 de marzo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), constituye un hecho histórico para la sociedad colombiana. A pesar de las dificultades políticas y de los desafíos a nivel territorial, legislativo e institucional de la implementación del Acuerdo de Paz, y en especial, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR) es un gran avance que el componente de justicia de este sistema se encuentre en funcionamiento y con sus puertas abiertas al público.

Para el funcionamiento e implementación de la JEP y otros componentes del Acuerdo de Paz fue creado el Fondo Colombia en Paz (decreto 891 del 27 de abril de 2017), el cual estaría a cargo de administrar y canalizar los recursos de Estados y Agencias de Cooperación para los propósitos anteriores. En efecto, gran parte del funcionamiento de la JEP durante el año 2017 proviene del Fondo Multidonante de las Naciones, éste hace parte del Fondo Colombia en Paz y es administrado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM). Este proyecto tenía tres objetivos específicos: el diseño y funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y la JEP, diseño del sistema de la información de la JEP; finalmente, apoyo a la participación de víctimas en los diferentes órganos de la JEP, así como la interlocución con estas y sus organizaciones.

Una vez fue nombrada Patricia Linares presidenta de la JEP y los demás magistrados/as de las diferentes salas, inició una discusión al interior del sistema de justicia respecto del mecanismo de gobierno que tendría este sistema, ya que según Néstor Raúl Correa (Secretario Ejecutivo), éstos pretendían retirarle funciones a la secretaría ejecutiva que habían quedado en el Acto legislativo 01/2017 y en la ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP y que estas reposarían en ciertos magistrados. Lo cual conllevó a generar tensiones entre el secretario ejecutivo y la presidenta. Adicionalmente, se presentó un llamado por parte de la Contraloría General de la Republica a la Secretaría para la presentación de un informe de rendición de cuentas sobre los dineros ejecutados del Fondo Multidonante, informe que no satisfizo los estándares de rendición de cuentas de la Contraloría, y que según Correa éste debería ser presentado a fondo por parte de la Dra. Gloria Ospina, directora del Fondo Colombia en Paz.

El pasado mes de marzo el secretario presentó su renuncia, la cual fue aceptada el 12 de abril por el tribunal. Según declaraciones del señor Néstor Raúl Correa su función ya había culminado logrando poner en funcionamiento gran parte de la JEP: se había logrado la consecución de la sede donde funcionaria este sistema de justicia, la contratación de personal, la seguridad para los magistrados/as y la logística para su apertura y se habían ejecutado con total transparencia los recursos destinados por el Fondo Multidonante para la implementación de la JEP.

Posteriormente a la renuncia del secretario, se comenzaron a develar una serie de irregularidades cometidas por el señor Correa durante su administración por parte de la presidenta de la JEP. Por medio de un comunicado institucional se estableció que el señor Correa se encontraba presionando a los magistrados/as para que adoptarán su modelo de gobierno y no el que pretendían los recientes magistrados. Inclusive el señor Correa los amenazó con dar a conocer la opinión pública una serie de correos que habían cruzado con el Ministro de Justicia y el Derecho donde exponían una serie de conceptos jurídicos acerca del sistema de gobierno de esta jurisdicción, correos que según Patricia Linares fueron obtenidos de manera ilegal. Ya que, según él, poner los conceptos de los magistrados en conocimiento del gobierno era irregular.

Adicionalmente, el comunicado de la presidenta del tribunal realiza una fuerte crítica respecto de la ejecución de los recursos en la administración del señor Correa, ya que hasta la fecha no se cuenta aún con la logística adecuada para que los magistrados/as comiencen su trabajo, la contratación de personal adicional al que estaba establecido (se debían contratar 100 personas y se contrataron 163), la falta de sistemas de seguridad y protección para los magistrados/as. La secretaría tampoco avanzo en el sistema de representación legal de las víctimas, sistema de apoyo psicosocial para las víctimas, sistema de monitoreo y vigilancia de personas beneficiadas con libertad condicional y el sistema autónomo de defensa de los excombatientes de las FARC.

Por esta razón, observamos con amplia preocupación que estas declaraciones trascienden más allá que una diferencia de criterios sobre el mecanismo de gobierno de la JEP, son hechos que deben ser investigados disciplinaria y penalmente. Como en diferentes informes la Corporación ha insistido que la JEP debe tomar todas las medidas necesarias para no adolecer de las mismas vicisitudes de las cuales padece la Jurisdicción Ordinaria. No es conveniente que la JEP se torne en un escenario político donde se entren a dirimir conflictos y generar acusaciones por medio de la opinión publica respecto del mandato y función de cada uno de los órganos que compone este sistema de justicia, más aún cuando las víctimas que son la columna vertebral del Acuerdo.

Desde la Corporación instamos a la Jurisdicción Especial de Paz para que continúe fortaleciendo su sistema de rendición de cuentas, en donde establezcan los recursos que se han invertido en esta Jurisdicción, la planta de personal que labora allí, los casos que ingresan y su ruta dentro de la jurisdicción. Este deber de la judicatura es fundamental como una práctica de transparencia respecto de su quehacer en el ejercicio de la función pública deadministrar justicia, así como una forma de evidenciar los resutados hacia la sociedad. Por otro lado, es pertinente que la ciudadania exija y monitoreé el comportamiento de los funcionarios y organismos públicos para garantizar que se respete la ley.

Respecto de la interceptación de correos por parte del señor Correa, sí la presidenta del tribunal sustenta que fueron obtenidos de forma ilegal es imperioso que presente la denuncia respecto de este hecho con todo el material probatorio que la sustente con el fin de que no quede un manto de sospecha entre la sociedad y las vícitmas. Consideramos que estos hechos afectan la legitimidad de la JEP, así como su confianza por parte de la ciudadanía y las víctimas que esperan que este tribunal garantice sus derechos a la verdad y la justicia y no se quede en pugnas políticas que en nada contribuyen a zanjar las heridas que ha dejado el conflicto armado. Por lo tanto, es imperioso que estos hechos se aclaren de la forma mas transparente posible por medio de los canales judiciales e institucionales pertinentes para levantar cualquier duda sobre el funcionamiento de la JEP y las demás instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición.

A pesar de esta situación creemos en la importancia de seguir trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil y las Agencias de Cooperación en el fortalecimiento de la legitimidad de la JEP, para que obtenga la confianza suficiente por parte de la ciudadanía y las víctimas de que será un tribunal que contribuirá a cerrar las heridas dejadas por este largo conflicto armado y aportará para la consecución de una paz estable y duradera.

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Visitas domiciliarias psicología: Florencia y Neiva.

Visitas domiciliarias psicología: Florencia y Neiva.

Durante los días 20 al 23 de junio, se ha realizado la visita domiciliaria terapéutica en Florencia y Neiva a las familias que nos han recibido en sus hogares.

Esta es otra oportunidad de estar cerca de nuestros y nuestras destinatarias para brindar apoyo, orientación psicoterapéutica, escuchar activamente sobre sus preguntas, necesidades y avances.

Inició la actividad en Florencia desde el mismo día de llegada y se realizó sin inconvenientes. Esta visita me ha brindado la oportunidad de conocer la cordialidad y amabilidad de las personas visitadas y dejado en nuestras manos el compromiso de continuar con estas estrategias que permiten el seguimiento a sus procesos de recuperación integral. Es también la posibilidad de conocer sobre sus entornos, oportunidades laborales, cercanía o no a la salud, posibilidad o no de encaminar y desarrollar sus proyectos de vida personales y familiares.


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La visita en Neiva, estuvo rodeada de la alegría de la preparación de las fiestas de San Pedro, la familia visitada, cordial, amable y generosamente, ha compartido todo su saber sobre el movimiento cultural, familiar y comunitario que origina estas celebraciones.

Siempre este espacio ha tenido el efecto del encuentro, la cercanía y la sensación de parte de los y las destinatarias de apoyo, permanencia e importancia de nuestro quehacer hacia sus diferentes expresiones individuales y familiares dentro del marco del trabajo psicosocial.


Cordial saludo,


LUZ FABIOLA GALLO PARRA

Coordinadora Área Crecimiento Personal



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Relatoría taller: Conductas Adictivas

Relatoría taller: Conductas Adictivas

Como acordamos con nuestra comunidad de tratar temas que fueran de su interés personal y familiar, hemos iniciado con el taller de  conductas adictivas, taller que ya fue realizado en las ciudades de Santa Marta, Medellín, Cali y Bogotá.

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El consumo de psicoactivos, es uno de los temas elegidos por nuestros destinatarios entre otros de igual importancia, y la decisión de iniciar con él este ciclo de talleres regionales, obedece en gran medida a la observación sobre el impacto que está trayendo a nuestras vidas y familias  en general. Conocemos por los medios de comunicación, por las conversaciones cotidianas con familiares y amigos, en los entornos escolares y universitarios, en las calles,  en el ámbito laboral, sobre la gravedad del tema y ha sido esta una gran oportunidad de abordarlo, conocerlo y trabajarlo.

Al pensar en el tema no podía menos que hacerlo desde una mirada minuciosa y analítica, por ello se amplió el trabajo para conocer sobre las adicciones de consumo (SPA, adicción a la comida) y adiciones de conducta (TICS, juego, trabajo, relaciones, religión).

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En cada una de las ciudades, con su color y sabor propio, se desarrolló con entusiasmo, fuerza, interés, entrega  y gratitud. Se trabajó con una metodología lúdica, dinámica, participativa y simbólica, que contribuyen al refuerzo del conocimiento adquirido. En el transcurso del trabajo disfrutamos de  los rostros y cuerpos dispuestos a la tarea, las preguntas, aportes, risas, momentos de silencio, análisis, momentos llenos de emoción que  enriquecieron cada espacio diseñado para la construcción de saberes.

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Aparecen nuevas miradas y sensaciones respecto al tema, que esperamos sean abordadas en el documento que se está gestando a partir de los encuentros, de sus aportes y de varios interrogantes.

Cada ciudad cuenta con asesoramiento psicoterapéutico, por lo que no está demás recodarles que también en este espacio pueden encontrar orientación sobre los cuestionamientos que pueda haber dejado el trabajo realizado.

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El equipo de trabajo para concretar esta actividad se conformó con las psicólogas de Medellín: Laura Molina Díaz, Cali: Mónica Mondragón Rojas, Valledupar: Evilde La Hoz y la coordinadora del área de crecimiento personal. Total  agradecimiento a mis compañeras por su dinamismo, entusiasmo y compromiso para su realización.

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A nuestros y nuestras destinatarias gracias por su valor y empeño en que sigamos de la mano construyendo estos espacios de aprendizaje, respeto, unión familiar e institucional. Gracias a cada persona en las ciudades que participo de la coordinación y realización del taller.

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Gracias a mis compañeras del equipo FASOL, que acompañaron y apoyaron esta labor.


Luz Fabiola Gallo Parra

Coordinadora Área Crecimiento Personal

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Comunicado: Aplicación de las amnistías, indultos y demás tratamientos penales especiales a los actores del conflicto armado Ley 1820 de 2016

Comunicado: Aplicación de las amnistías, indultos y demás tratamientos penales especiales a los actores del conflicto armado Ley 1820 de 2016

El Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos –FASOL- en virtud del seguimiento a la implementación del acuerdo de paz suscrito el pasado 24 de noviembre entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, especialmente en lo que se refiere a la incorporación de los mecanismos de justicia transicional y su relación con la jurisdicción ordinaria y el sistema judicial vigente, realiza un llamado a los jueces penales de conocimiento y de ejecución de penas a la aplicación de la ley 1820 de 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto, tratamientos especiales y otras disposiciones” y su decreto reglamentario 277 de 2017.

Reconocemos que las amnistías, indultos y demás tratamientos especiales son un mecanismo de justicia transicional que tienen como fin alcanzar la paz y la transición pacífica, y como complemento de la justicia restaurativa se enfoca hacia la reconstrucción de los lazos sociales y la reconciliación para que los integrantes de las FARC-EP inicien su reincorporación a la vida civil. Por su parte el gobierno nacional se ha comprometido a la rápida implementación de las disposiciones del acuerdo de paz que garantizan la seguridad jurídica, física y socioeconómica de las FARC-EP.

En este sentido, uno de los actores instituciones fundamentales dentro de la implementación de los acuerdos es la Rama Judicial, la cual enfrenta una serie de desafíos en el escenario de posacuerdo entre ellos la aplicación de la amnistía de iure y la libertad condicionada por los delitos políticos y conexos consagrada tanto en la ley 1820 como en el decreto 277 de 2017. A pesar de esto, Fasol ha observado dificultades en la aplicación de esta norma respecto a dos puntos en concreto: i) la aplicación de los beneficios y tratamientos especiales por parte de algunos operadores judiciales y ii) la dificultad que ha tenido el sistema judicial al momento de acumular los procesos que cursan sobre integrantes de la guerrilla. Situaciones que minan el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz.

Por esta razón, exhortamos a los operadores/as judiciales a que en virtud de este proceso transicional en donde el Estado colombiano se ha comprometido con el otorgamiento de beneficios penales y de garantías de seguridad jurídica para los desmovilizados y las FARC-EP han realizado lo propio por medio de la entrega de armas y su compromiso a reintegrarse a la vida civil. Y en el marco de la legislación proferida para la implementación de lo acordado, a resolver lo más pronto posible la situación de los miembros de las FARC-EP privados de la libertad que son procesados por delitos políticos y conexos a nivel nacional por medio de la aplicación efectiva de las amnistías de iure y las libertades condicionadas. Así como la aplicación de los demas tratamientos penales especiales a todos los actores, en especial a los agentes del Estado, que han participado directa o indirectamente dentro del conflicto armado, de acuerdo a un tratamiento diferencial, equiibrado, simetrico, equitativo y equiibrado

Igualmente, los operadores/as judiciales encargados de aplicar esta ley deben contar con la debida protección a su independencia judicial para que como jueces/as cuenten con todas las garantías de imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas de diferentes sectores o por cualquier motivo. En este sentido, observamos con preocupacion el borrador de decreto del Ministerio de Justicia y el Derecho por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistia e indulto y tratamientos especiales.

Para ver el decreto: http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Proyectos_Decretos/Proyecto%20de%20Decreto%20reglamentario%20de%20la%20Ley%201820%20de%202016.pdf



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Fasol y el Plan Decenal de Justicia

Fasol y el Plan Decenal de Justicia

En el marco de la formulación y elaboración del Plan Decenal de Justicia, el cual tiene como objetivo realizar un ejercicio prospectivo de la justicia a diez años atendiendo las necesidades y demandas de justicia de la población en los territorios. El pasado 6 de julio FASOL sostuvo reunión con el coordinador del plan de justicia, en donde se tuvo la oportunidad de exponer las preocupaciones acerca del estado presentar la propuesta "Para la protección y fortalecimiento a la independencia judicial y los desafíos en el escenario de posacuerdo”.

En la propuesta se plantearon estrategias que permitan blindar la independencia judicial de los operadores de justicia, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado y que actualmente se encuentran con actores armados y bandas criminales. Así como los principales desafíos de la justicia ordinaria en el escenario de posacuerdo y su relación con la naciente Jurisdicción Especial para la Paz.

La propuesta elaborada por FASOL fue incluida como propuesta destacada dentro de la elaboración del Plan Decenal del Sistema de Justicia. Ahora bien, para la implementación del Plan Decenal se ha establecido como estrategia la estructuración de comités que realizan seguimiento a la ejecución del mismo, de los cuales FASOL espera hacer parte para continuar su incidencia en el fortalecimiento a la independencia judicial y el acceso a la justicia por parte de poblaciones vulnerables, como lo es la población afectada por el conflicto armado colombiano.

A continuación encontrarán el link donde se encuentra la propuesta para que sea consultada por todos.

Enlace: https://www.minjusticia.gov.co/PlanDecenaldeJusticia/PropuestasDestacadas.aspx

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Informe a Naciones Unidas

Informe a Naciones Unidas

Les compartimos el informe presentado por Fasol ante el Relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, en el cual se expone la grave situación de riesgo y de falta de independencia a la cual se encuentran sometidos los operadores de justicia y la necesidad de implementar rutas y políticas que se encarguen de velar por su  vida, su integridad y protección, especialmente en el escenario actual de posacuerdo.

Igualmente se realizó la denuncia de algunos casos en donde se ha visto gravemente afectada la independencia judicial y la vida de los operadores de justicia por parte de actores  del crimen organizado.

Para ver o descargar el documento, hacer clic aquí.

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Encuentro: Desafíos de la Rama Judicial en el escenario de posacuerdo

Encuentro: Desafíos de la Rama Judicial en el escenario de posacuerdo

El pasado 24 de febrero se llevó a cabo el encuentro desafíos de la rama judicial en el escenario de posacuerdo, bajo la alianza de la corporación Fasol y Abogados sin Fronteras Canadá. Este encuentro tenía el objetivo de analizar y reflexionar la situación actual de la administración de justicia con el fin de aportar herramientas que contribuyan a la lucha contra la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos y analizar su diálogo con la Jurisdicción especial por la paz.
 
Este escenario fue pensado como un espacio de dialogo y de intercambio de experiencias entre operadores de justicia y destinatarias de la corporación que han sufrido la pérdida de un ser querido perteneciente a la rama judicial; considerando que estos dos actores son pilares fundamentales en el camino hacia el posconflicto y en la construcción de una paz estable y duradera. En el desarrollo del encuentro contamos con valiosos integrantes de la administración de justicia, como miembros de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Justicia y Paz  y Jueces Penales. También nos acompañó el S.J Jhon Montoya  presentándonos sus observaciones acerca de la tensión política que implica  un acuerdo de paz y sus dificultades y obstáculos a la hora de su implementación.

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La convergencia de estos dos actores en temas como la impunidad, la implementación de la JEP y su diálogo con la jurisdicción ordinaria y las justicias transicionales vigentes es crucial, ya que hay una serie de experiencias y saberes que pueden nutrir, en general la implementación del acuerdo y en especial el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por otro lado, esta convergencia es una posibilidad para ubicarse en el papel del otro: del operador de justicia hacia la víctima y viceversa.

En el contexto actual, la sociedad civil y los operadores de justicia deben aunar esfuerzos para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Puede que en ocasiones sea difícil y complejo administrar justicia, sin embargo, entre más se promueva una colaboración mutua entre estos dos actores, muy seguramente se obtendrá justicia de una manera más afectiva y rápida. Las preocupaciones de las víctimas en este nuevo proceso no son en vano, son inquietudes y temores que se ciernen sobre su incansable lucha por el respeto y garantía a sus derechos. Igualmente, los operadores de justicia han evidenciado sus preocupaciones respecto a su rol en el escenario de posacuerdo y su comunicación con la JEP, situación que no es muy clara aún.

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Es por esta razón, que hoy más que nunca, necesitamos de un poder judicial independiente, sin ningún tipo de injerencia que afecte el desarrollo de su labor. En la medida, en que los jueces sean más independientes se contribuye a resolver la “litigiosidad represada” que hay en el país,  lo que redunda en una reducción de los índices de impunidad,  y por lo tanto, en el cierre de ciclos de violencia. En el escenario de posacuerdo, esto es de vital importancia, ya que en la medida que la justicia evidencie resultados esto permitirá que la ciudadanía retome la confianza en esta institución.

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En el siguiente enlace pueden descargar la relatoría del encuentro.

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¿Qué es "Pazando Música"?

¿Qué es "Pazando Música"?

Pazando música es una iniciativa de la Corporación Fasol para identificar por medio de la música todos esos sentimientos y emociones alrededor de la paz, la reconciliación y la recuperación con la música que escuchamos día a día, con la que sentimos alivio, nos llena de alegría y nos invita a estar mejor.

Es un espacio abierto para todos, donde por medio del chat de Facebook o enviando al email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. pueden enviar sus propuestas de canciones, no importa el género, ni el idioma, lo importante es el sentimiento con el que lo relacionan.

Además, todas esas propuestas de canciones que vayan enviando irán compilándose en una lista de Spotify para que tengan acceso desde cualquier lado.

El link de la lista es el siguiente: https://open.spotify.com/user/12172929251/playlist/3WVuaub6MaY5lIxSrRiCtQ

Cualquier duda o sugerencia pueden escribirla por esos mismos medios.

Esperamos pronto sus canciones y Pazemos música!

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