19 julio 2021

Colombia lacrimógena: un diagnóstico del actuar del poder judicial, el ejecutivo y la visita de los organismos de defensa de derechos humanos

La Corporación Fasol ha estado atenta al desarrollo del Paro Nacional que completa, para la fecha, dos meses. Es por esta razón que en esta entrega de “Colombia lacrimógena” tenemos como propósito brindar una síntesis sobre la situación actual de Colombia.

Queremos compartir con ustedes nuestra visión de las movilizaciones pacíficas multitudinarias (promocionadas principalmente por la juventud), la represión a la ciudadanía marchante por parte del gobierno, los actos vandálicos (surgidos aisladamente pero en paralelo con la protesta tranquila) y la visita al país de organismos internacionales con la intención de evaluar si se ha presentado alguna vulneración de derechos humanos en medio de las manifestaciones.

Es importante resaltar que durante los más de sesenta días de Paro Nacional la respuesta por parte del gobierno de Iván Duque, además de la represión y deslegitimación de los reclamos de los ciudadanos, se ha sustentado en una casi nula voluntad de diálogo, lo cual ha venido agravando la situación. Teniendo en cuenta lo mencionado hasta ahora, Fasol resumió algunos puntos susceptibles de análisis de la siguiente manera:

  1. El rol de la justicia en los tiempos del Paro Nacional

 Nosotros, como organización comprometida con la defensa de los derechos humanos y, por ende, con la independencia judicial, hemos hecho un continuo seguimiento de las declaraciones de los servidores judiciales en el territorio nacional. Estas se han caracterizado, en buena parte, por la garantía irrestricta de los derechos de los marchantes. No es tal el caso de la Fiscalía General de la Nación la cual, lamentablemente, ha demostrado en esta coyuntura su falta de independencia y su alto grado de afinidad con el gobierno actual.

Pero como ya lo indicamos, este caso no es definitivo, pues son muchos los fiscales de diferentes rangos que han expuesto, a través de su actuación, un propósito distinto  revestido por el respeto de sus funciones.      

Algunos hechos que ejemplifican la hipótesis enunciada serán expuestos a continuación:

  • La Corte Suprema de Justicia.

El día 26 de mayo hubo un comunicado de gran relevancia por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que resaltó la urgencia de proteger los derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos que ejercen la protesta pacífica e instó al gobierno nacional a practicar una verdadera voluntad de diálogo con el propósito de superar la crisis vivida en el país.

La Corte también indicó que se debía dar cumplimiento a la sentencia STC7641-2020 de 22 de septiembre de 2020, la cual ordena un protocolo amplio y suficiente sobre las garantías al ejercicio de la protesta bajo los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos.

  • Fallo judicial en la ciudad de San Juan de Pasto

En concordancia con los pronunciamientos emitidos por parte de la Corte Suprema de Justicia, un juez de jurisdicción administrativa de Pasto emitió un fallo judicial, el pasado 3 de junio, brindando garantías y debida interpretación al derecho constitucional de protesta, imputando responsabilidades a las autoridades políticas y militares que estarían reprimiendo de manera violenta a los marchantes.

Lo novedoso de este caso, es que el juez emitió medidas preventivas mientras resuelve de fondo la petición de amparo de los derechos de quince accionantes, quienes aseguran que les fueron vulnerados sus derechos por las autoridades, a su vez, deja vinculado de manera directa al gobierno para que emita a nivel nacional un único protocolo de atención por ser quien sustenta la responsabilidad de hacerlo.

  • Los continuos errores de Francisco Barbosa, fiscal general de la nación

La Fiscalía General de la Nación (FGN) no ha sido clara sobre la apertura de investigaciones por los abusos cometidos por parte de la fuerza pública en el ambiente de las protestas. En repetidos comunicados, desde el 4 de mayo de 2021, el órgano ha mencionado que avanza en las indagaciones para esclarecer los homicidios cometidos en el marco del paro nacional. Sin embargo, esto es algo en lo que no se ha visto progreso.

Lo que sí parece haber, es una posición sobre las movilizaciones      cuando se supone que la FGN tiene que permanecer neutral. Esto puede inferirse de ciertos términos utilizados por parte de Barbosa, para denominar al estallido social, por ejemplo“terrorismo urbano”. Además del uso de estos apelativos, el fiscal general se ha atrevido a afirmar que hay “estructuras ligadas al narcotráfico, al ELN y las disidencias de las FARC los cuales serían las responsables de los actos vandálicos.

Lo preocupante de esto es que, en ambos casos, hay una carencia de material probatorio que permita sustentar adecuadamente tanto los calificativos denigrantes de la protesta social como las declaraciones sobre los actores armados partícipes en el Paro.

La organización social De Justicia ha afirmado lo siguiente: “Estas narrativas que asocian protesta con subversión son una herencia del conflicto armado colombiano que ya no reflejan la complejidad del descontento social actual. Además, como lo constató la Corte Suprema de Justicia en el fallo de tutela del 22 de septiembre de 2020, este es un discurso que pone en riesgo a quienes convocan y participan en las manifestaciones, al considerarles una amenaza para el orden público y la estabilidad democrática”. Afirmación con la cual encontramos afinidad y queremos reiterar.

Encontramos con gran preocupación por parte de la Corporación Fasol las respuestas de los órganos de control en el país, pues han sido muy limitadas e ineficaces. Ni la Procuraduría General ni la Defensoría del Pueblo han tomado acciones contundentes, claras y suficientes para enfrentar los excesos de la fuerza pública ni ha tendido puentes para el diá logo con la sociedad civil. 

  1. ANÁLISIS SOBRE EL DECRETO 575 DEL AÑO 2021. EL AUTORITARISMO COMO RESPUESTA AL CAMBIO SOCIAL.

Fasol encuentra con gran preocupación la emisión del decreto 575 del 28 de mayo del 202, puesto que es evidente cómo el gobierno está militarizando el manejo de las protestas que se desarrollan en el país, lo cual, en primer lugar, no contribuye a su solución y, en segundo lugar, es contrario a la Constitución Política de 1991.

El presidente Iván Duque ordenó a ocho gobernadores y a trece alcaldes, mediante esta decisión, a que actúen bajo los fusiles para levantar e impedir los bloqueos de vías a consecuencia de la manifestación social. Bajo una alocución emitida por televisión nacional en la cual “explicó” con su gabinete esta decisión, expresó de manera amenazante la imposición de sanciones si no cumplían a cabalidad su decisión.

Dichas acciones estarían autorizadas como “asistencia militar” para disponer de soldados “cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”, según el artículo 170 del Código de Policía. Sin embargo, el uso de la fuerza militar del Estado contra la población civil no está permitido en una sociedad democrática.

Tal como lo indica el jurista Gustavo Gallón, “Colombia ha tenido un alto grado de militarización, por lo menos desde el golpe de 1953, que se continuó expresando después, a través de fórmulas como el estado de sitio. La Constitución de 1991 y sus desarrollos han intentado revertir esa equivocada orientación cívico-militar de manejo del Estado. Así, la Corte Constitucional ha establecido que “la Constitución no permite a las Fuerzas Militares intervenir en operativos de control ni contención de la protesta social” (sent. C-281/17, párr. 6.6).

Pueden actuar “frente a amenazas reales contra el orden constitucional, representadas en la acción de grupos armados”, pero no frente a movilizaciones sociales, ni mucho menos contra la protesta social. Más aún, “las Fuerzas Militares, en circunstancias excepcionales, podrían participar en operativos que permitieran realizar las movilizaciones sociales, removiendo los obstáculos externos para llevarlas a cabo” (párr. 6.6.3). Es decir, los soldados pueden acompañar las manifestaciones sociales para protegerlas, pero no actuar en contra de la población civil que ejerce el derecho a la protesta.

Fasol encuentra este tipo de medidas inconvenientes y retardatarias, puesto que como consecuencia de la emisión de este decreto hubo un estallido social aún más violento, el cual desacreditó los avances que se habían conseguido a través del diálogo en las zonas que fueron asignadas.

  1. VISITA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y CONTINUAS MANIFESTACIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En medio de este peligroso panorama, persiste el temor sobre las consecuencias que el espiral de violencia en el que se ha sumido Colombia pueda tener para la democracia y los derechos humanos. Es por ello que, la Corporación Fasol encuentra como muchas organizaciones sociales del país, una necesidad urgente de la participación y vigilancia de la comunidad internacional sobre la defensa de los Derechos Humanos, con mayor énfasis en nuestro sistema interamericano de protección de derechos.

Es allí donde toma una relevancia muy importante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país. Esta visita es un triunfo de la sociedad civil debido a que el gobierno nacional, de manera expresa, fue renuente a toda participación y verificación de organismos internacionales.

El propósito de esta visita fue el de observar la situación de derechos humanos en el país y recibir información proveniente de distintos sectores de la sociedad sobre el manejo, por parte del gobierno, de la crisis que se está experimentando en Colombia. Es por esta razón que para nosotros es un alivio la visita de un organismo internacional, caracterizado por ser independiente y autónomo en su descripción y evaluación del estado de cosas del país. 

CONCLUSIONES

En medio de la incertidumbre, el dolor y la desesperanza por la actuación del gobierno, nuestro mensaje es a continuar apoyando las instituciones judiciales, los servidores y las decisiones en derecho que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente, a la protesta en medio de las agresiones graves por parte de las fuerzas armadas, miembros infiltrados y civiles que están a este servicio. La justicia es nuestra esperanza y el apoyo que nos puedan brindar para su fortalecimiento es necesario y urgente.

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