La pandemia y la visibilización de la tortura en el sistema penal carcelario colombiano

La pandemia causada por el virus COVID-19 no solo ha ocasionado problemas económicos o visibilizado grandes cambios (en la emisión de gases, en la producción compulsiva de petróleo, en materias primas contaminantes o la ocupación por parte de los animales de espacios que no están habitados por los seres humanos como consecuencia de las medidas estatales de confinamiento), sino que también ha sacado a la luz la necesidad de un cambio de modelo económico y, sobre todo, de organización social.
“Presos: las dictaduras militares ya no están, pero las frágiles democracias latinoamericanas tienen sus cárceles hinchadas de presos. Los presos son pobres, como es natural, porque sólo los pobres van presos en países donde nadie va preso cuando se viene abajo un puente recién inaugurado, cuando se derrumba un banco vaciado por los banqueros o cuando se desploma un edificio construido sin cimientos. Cárceles inmundas, presos como sardinas en lata: en su gran mayoría, son presos sin condena. Muchos, sin proceso siquiera, están ahí no se sabe por qué. Si se compara, el infierno de Dante parece cosa de Disney. Continuamente, estallan motines en estas cárceles que hierven. Entonces las fuerzas del orden cocinan a tiros a los desordenados y de paso matan a todos los que pueden, con lo que se alivia la presión de la superpoblación carcelaria -hasta el próximo motín”. (Galeano, 1996, pp. 5).

Tomando como excusa la pandemia y la permanente crisis carcelaria, nos gustaría plantear la siguiente pregunta: ¿es el virus del COVID-19 el detonante para reformar el sistema penitenciario colombiano? Este planteamiento se podría resolver o, aunque sea visibilizar bajo tres postulados:

  1. Populismo punitivo, derechos humanos y política criminal en Colombia.
  2. La crisis del sistema penal acusatorio en Colombia.
  3. El sistema penitenciario colombiano, un estado de cosas inconstitucionales. 

1. POPULISMO PUNITIVO, DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA CRIMINAL EN COLOMBIA

El populismo punitivo parece ser la hoja de ruta en materia penal en el Estado colombiano, toda vez que, en los últimos tiempos, el progreso del poder político autoritario, la radicalización del enfoque punitivo máximo, así como la expansión del derecho penal, se han exacerbado. El rasgo más preocupante de todo esto es que la sociedad ha mutado en sus concepciones sobre la democracia, en su cultura política, decidiendo así legitimar estos regímenes antidemocráticos y vulneradores de los derechos humanos. De acuerdo con  Gómez Jaramillo:

“El populismo, bastante funcional cuando de propósitos electorales se trata, siempre atento a aplacar los miedos más primitivos de las personas, con la ayuda complaciente de los medios de comunicación, explota los temores en materia de seguridad vial, renovación e inseguridad urbanas, ataques con ácido, asaltos sexuales e irrupción de inmigrantes; mientras que, en forma paralela, no criminaliza acciones que implican graves daños sociales, distorsiona la lectura de los hechos que fundamentan la problemática de las drogas, evade el problema de la trata de personas, y omite la intervención sobre ‘áreas no gobernadas’ que están fuera de su radio de intereses.” (Gómez Jaramillo, 2018, pp.16).

Quizás el tema de los  presos en Colombia sea algo impopular. La situación es más preocupante aún cuando hay unas recomendaciones precisas y unos principios sobre la materia que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde recalca a:

“…los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Los Estados se encuentran en una especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben respetar la vida e integridad personal de ellas, así como asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Así, los Estados están obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia”. 

Si se hiciera una evaluación profunda del cumplimiento de estas recomendaciones de la CIDH sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Colombia, en medio de esta pandemia, no están siendo tenidas en cuenta. Esto a razón de varias decisiones administrativas dictadas y ejecutadas de manera equívoca, como el traslado de presos contagiados a cárceles y departamentos en donde no se presentaba contagios, traslados que se hicieron sin ningún tipo de recomendación médica o medida de distanciamiento social.

Otro hecho muy importante a observar y que demuestra la vulneración latente de derechos humanos es el reciente aumento de la violencia en los centros de privación de la libertad, distintos amotinamientos que ocurrieron como protesta contra el hacinamiento y la falta de elementos de higiene personal y protección para prevenir el contagio del nuevo  Coronavirus en los centros penitenciarios, tal y como transcurrió en las 13 cárceles de Colombia. Un ejemplo ilustrativo de esto ocurrió en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde el 21 de marzo del año 2020 fallecieron 23 personas, y más de 80 resultaron heridas, en un amotinamiento.  

Para concluir este primer punto y demostrar la conexidad del postulado planteado, se puede afirmar que,el gobierno nacional en cabeza del señor Iván Duque, prefiere darle la espalda a este tema como se la da al país en todos los temas en general y, todo parece indicar que, para el común denominador de la sociedad colombiana, aplaude esta decisión ya que la persona privada de la libertad, en una situación con o sin pandemia, deberían no generar atención y en ocasiones deberían no existir. Bajo ese argumento es que es tan efectivo el populismo punitivo dentro de las democracias débiles como la colombiana.

2. LA CRISIS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN COLOMBIA.

Para poder entender esta crisis de una manera correcta hay que identificar cuando nace el sistema penal acusatorio y algunas de sus falencias. Por esto es necesario decir que el sistema penal colombiano se reformó entre el 2002 y el 2004 bajo el supuesto del cambio de un modelo de tendencia inquisitorial a un modelo acusatorio donde primara el pilar fundamental del Estado Social de Derecho: la dignidad humana. 

No obstante, una cosa es lo que pretenden las reformas legales y otra es la realidad, ya que las viejas y enquistadas prácticas de los operadores jurídicos se perpetúan con las vulneraciones de garantías penales y la protección de derechos fundamentales, en esto ha conllevado los siguientes problemas que se han resaltado aún más con esta pandemia tal y como lo expone Bayona Aristizabal:

 “la creación de leyes que van en contravía de la libertad como regla, durante el trámite del proceso. el menor uso, del esperado, de las denominadas salidas alternas, la omisión legislativa de no atribuir la competencia de las audiencias de acusación y preparatoria a un juez diferente al de juicio oral genera la transgresión del principio de imparcialidad, en la medida en que el denominado juez de conocimiento se ha contaminado con la vasta información obtenida en aquellas audiencias intermedias, la omisión del parlamento colombiano de la creación de jueces colegiados para  presidir el juicio oral, cuando menos en los casos de mayor impacto social, en aras de garantizar sentencias democráticas. En la fase de la ejecución de la pena, que no se haya efectuado un verdadero cambio normativo, pues ni siquiera se reguló, propias de esta etapa; asimismo, la falta de respeto a derechos mínimos con que debe contar una persona natural condenada” (Bayona Aristizábal, 2017, pp. 88).

Los ejemplos para visibilizar estos problemas que vienen desde el año 2004 son amplios y profundos. No obstante, los que generan interés para el ensayo en ejecución, son los relacionados con el decreto 546 del año 2020 y su ejecución por parte de la judicatura, porque genera unas graves violaciones de derechos humanos en la población carcelaria.

El decreto ordena la salida de cuatro mil personas (4.000), lo cual es irrisorio con la cantidad de personas que en este momento cumplen su pena con medida intramural: alrededor de ciento veinte mil cuatrocientas personas (120.400) lo que sería menos del 1.2 % de la población carcelaria, de esas, la judicatura solo ha podido revisar bajo el decreto 546 y los tipos penales exceptuados, a ciento un (101) personas, lo cual hace ineficiente la ejecución del mismo decreto, pero esto no ha sido el único punto negro de los funcionarios judiciales dentro de la crisis carcelaria por el Coronavirus. 

Según el abogado Yani Vallejo Duque, hay mil quinientas sesenta y cinco (1.565) personas con pena cumplida y no han salido de las cárceles, lo que puede afirmar la gran complicidad que tiene el sistema penal acusatorio con la situación actual carcelaria y el pésimo manejo que se ha dado en esta pandemia, sin desconocer que estas medidas también van en contravía del funcionario judicial pues no hay capacidad humana para resolver esto en los términos expuestos.

 3. EL SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO, UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONALES.

 

El sistema penitenciario colombiano se caracteriza por ser uno de los acápites más negligentes si se habla en un concepto amplio de la pena, pues no cumple ninguna de las funciones de la misma. En el desarrollo de este postulado se debe señalar una de sus aristas, la cárcel, pero ¿qué es? y ¿por qué es tan controversial e impopular? De acuerdo con Grosso,

 “la cárcel, en sus formas míticas o propiamente históricas, como encierro derivado de la venganza privada o de las distintas formas de legitimidad que el poder jurídico ha ido adquiriendo. El hecho de que la mayoría de un grupo humano tenga encerrado, estigmatizado y desacreditado a un conjunto reducido de su propia población hizo que ya desde los orígenes de la cárcel existieran debates y polémicas acerca de su existencia. Paralelamente, ya desde el principio de su devenir existencial han surgido múltiples teorías tan heterogéneas como dispares”. 

Así, la prisión, como la forma de castigo imperante dentro de nuestras sociedades, no es más que otra prueba de que vivimos en sociedades políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Pero, aparte de esta percepción social de la prisión y su efectividad como castigo, está la vulneración constante a los derechos humanos por parte del sistema penitenciario. Esta vulneración dio lugar a que hace 22 años la Corte Constitucional por medio de la sentencia T153/98 declarara el “Estado de Cosas Inconstitucional” reconociendo las condiciones inhumanas en las que se encontraban recluidos cientos de personas. En dicha sentencia la Corte no solo encontró las graves vulneraciones a los derechos humanos, sino que también evidenció la ausencia de una respuesta institucional estructurada ante tal escenario. 

Desde hace 22 años no hay una mejora estructural ni en el sistema ni en los establecimientos carcelarios, es más, parece haber empeorado; tanto así, que en la historia del sistema penitenciario colombiano no se ve un hacinamiento tan profundo como el actual. A veces pareciese un hacinamiento provocado y, porque llegar a una aseveración de esa magnitud, al revisar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, más concretamente en el parágrafo 2 del artículo 193 en el cual se plantea que “los establecimientos de reclusión podrán desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado, concesión y otras formas de contratación establecidas en la ley, exceptuando la guardia y vigilancia que estará, en todo caso, a cargo del INPEC, la Policía Nacional o la Guardia territorial quienes no podrán contratarla terceros”, hace pensar en que se busca que el sistema público colapse para mostrar al sistema privado como la mejor solución, lo cual genera otra gran violación a los derechos humanos, tratar a los presos como mercancía. 

CONCLUSIÓN

Queda pequeño el espacio para dar una conclusión más amplia y profunda sobre este tema, pero se puede decir que la dignidad humana, como principio fundante del Estado social de derecho y característica primordial de los derechos humanos, implica que todas las instituciones deben regirse y consolidarse de acuerdo con ella, así como también que el marco normativo sea interpretado y postulado con base en esta misma.

Todo lo anterior queda en segundo lugar al observar la realidad de las prisiones del país en este momento pandémico, donde la dignidad es valorada de acuerdo con el dinero que se tenga, donde el hacinamiento, sobrepoblación, la corrupción de los funcionarios y la violencia interna, son algunos de los problemas que afrontan los recursos. 

Sumado a lo anterior, la obsoleta infraestructura que presentan algunos centros carcelarios en el ámbito nacional evidencia la grave situación que afrontan a diario las personas privadas de la libertad, ya que la estructura de las celdas, el tamaño y su ubicación, no responden a la necesidades de la población carcelaria, siendo este un incumplimiento propio del Estado, toda vez que es deber de éste preservar los derechos fundamentales de los reclusos en todo momento, pero sobre todo, en este momento de emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia, más aun cuando la CIDH emitió unos  Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, donde Colombia en estos momentos parece omitir el principio IX sobre el Ingreso, registro, examen médico y traslados, por ello y por todo el incumplimiento que se viene llevando frente a esta situación con pandemia o sin pandemia, se puede concluir que el sistema penal colombiano es una tortura y que el COVID-19 lo confirma aún más. 

Bibliografía

Bayona Aristizábal, D. M., Gómez Jaramillo, A., Gallego Mejía, M., & Ospina Vargas, V. H. (2017). Diagnóstico del sistema penal acusatorio en Colombia. Acta Sociológica, 71-94.

Galeano, E. (1996). El sacrificio a la justicia en los altares del orden de los prisioneros. Reflexiones, 3-9.

Gómez Jaramillo, A. (2018). Populismo, obediencia y divergencia. Utopía y praxis latinoamericana, 33-49.

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