La Corporación FASOL RECHAZA de manera categórica el llamado juicio revolucionario realizado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo López Estrada, quienes fueron privados de su libertad desde el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, Arauca.

Estos casos se suman a un contexto reiterado de afectaciones a la libertad personal y a la integridad de quienes ejercen funciones judiciales en zonas impactadas por el conflicto armado interno. La persistencia de este tipo de conductas constituye una grave violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y plantea serios desafíos para la garantía de condiciones mínimas de seguridad para el acceso y la administración de justicia en los territorios.

Rechazamos categóricamente las motivaciones realizadas en el llamado juicio revolucionario condenatorio emitidas recientemente por el ELN en contra de estos servidores judiciales, al igual que toda forma de sentencia arbitraria que desconozca las garantías del debido proceso, conforme a los principios del Estado Social y Democrátivo de Derecho y a lo establecido en la legislación colombiana.

Estos servidores públicos fueron privados arbitrariamente de su libertad cuando cumplían órdenes judiciales en observancia de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia y en las leyes del Estado Colombiano. En el marco de las diligencias que estaban realizando estos investigadores no pueden ser vistos como actores armados ni considerados objetivo militar de ningún tipo, puesto que su condición está protegida por el Derecho Internacional Humanitario. Por ello, consideramos que Pacheco Oviedo y López Estrada son servidores judiciales privados de la libertad ilegítimamente y, en el mismo contexto, condenados en un marco de arbitrariedad incontrovertible.

Por consiguiente, instamos al Gobierno Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Alta Consejería para la Paz y al Ministerio de Defensa para que adopten medidas urgentes y eficaces orientadas a la protección, garantías de libertad y retorno seguro de estos servidores judiciales a su entorno familiar.

Como organización defensora de los derechos humanos, expresamos nuestro apoyo incondicional y solidaridad con las familias de estos investigadores, quienes -al igual que ellos- están próximas a cumplir un año en medio de la zozobra y la incertidumbre de la privación ilegítima de su libertad. El ejercicio de administrar justicia NO constituye un crimen ni puede ser utilizado como justificación para señalamientos infundados de ‘espionaje’ o de acciones en contra de la población civil, mucho menos para poner en riesgo su integridad, su vida o su libertad personal.

SEÑALAMOS que cualquier afectación que derive en un hecho mucho más grave del que se presenta en la actualidad contra la integridad y la vida de los compañeros, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo López Estrada, es responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que los tiene actualmente en su poder.